Pedidos: Indígenas piden reconocimiento de sus territorios; las gobernaciones, más recursos; y los municipios, reglas para suspensión.

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización que es elaborada por el Ministerio del área tiene al menos 14 puntos conflictivos que resolver en tres niveles de gobierno: indígena, municipal y departamental. Un relevamiento de las demandas de los subniveles de gobierno realizado por La Prensa (ver cuadro) permite ver que la dotación de más recursos económicos para el funcionamiento de los gobiernos autónomos, el establecimiento de reglas claras para la suspensión de autoridades y el reconocimiento de los territorios indígenas ancestrales son los ejes fundamentales del debate. La norma, que según la Constitución Política del Estado debe ser aprobada hasta el 21 de julio, será remitida a la Asamblea Legislativa hasta el fin de semana una vez que sea ajustada, anunció el ministro de Autonomías, Carlos Romero, quien dijo que espera llegar a consensos con las gobernaciones, la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) y los indígenas de tierras altas y bajas. Las gobernaciones de Santa Cruz, Tarija y Beni —opositoras al Gobierno central— demandan el incremento de los presupuestos departamentales porque sus gobiernos tienen más tareas que ejecutar por la transferencia de competencias exclusivas, compartidas y concurrentes que dispone la Constitución Política del Estado. La Ley Marco de Autonomías, según el Ministro del sector, ampliará las atribuciones compartidas y concurrentes de los gobiernos departamentales, aunque la cantidad se conocerá una vez que existan acuerdos sobre la norma. Además, las gobernaciones de Santa Cruz y Tarija demandan que la normativa fije reglas claras para la suspensión de autoridades departamentales a fin de evitar una crisis política en las regiones, como ocurre actualmente en la ciudad de Sucre con la suspensión del alcalde electo Jaime Barrón. La Ley Transitoria de Autonomías, que permitió la conversión de las prefecturas en gobernaciones, establece que los gobernadores que tengan alguna acusación formal ante la justicia serán suspendidos de sus funciones temporalmente y, en su reemplazo, la Asamblea Departamental elegirá por mayoría simple a un asambleísta titular. Esto permitirá que el Movimiento Al Socialismo (MAS) tome las gobernaciones de Tarija y Beni, donde tiene una correlación mayoritaria de asambleístas a su favor. Por ese motivo, el secretario de Autonomías de la Gobernación cruceña, Óscar Ortiz, afirmó que en la nueva Ley de Autonomías se debe establecer que las autoridades departamentales sólo pueden ser suspendidas con una sentencia ejecutoriada. En el ámbito municipal, la preocupación de la Federación de Asociaciones Municipales también gira sobre el establecimiento de procedimientos específicos para la suspensión de alcaldes. La propuesta es que las autoridades ediles que tengan procesos penales abiertos en el ejercicio de sus funciones sean suspendidas únicamente cuando salga la sentencia judicial y no con la sola acusación formal ante la justicia, como ocurre actualmente. El presidente de la FAM y alcalde de La Paz, Luis Revilla, dijo que esta propuesta busca evitar conflictos de gobernabilidad que pueden repercutir en el desarrollo de los municipios. Hay al menos cinco autoridades locales que están en la mira, entre ellos René Joaquino en la ciudad de Potosí. Los alcaldes que tienen procesos penales pueden ser suspendidos con la Ley de Municipalidades y reemplazados por un concejal que hubiere sido elegido en lista separada a la del Alcalde. Los indígenas insisten en el reconocimiento de los territorios ancestrales como bases territoriales para la fundación de autonomías, pero esta propuesta tropieza con la oposición del Gobierno central, que cerró las puertas a cualquier modificación de los límites porque puede generar conflictos regionales. Los puntos nodales Demandas de la autonomía departamental Transferencia de más recursos económicos. Procedimiento específico para la suspensión de autoridades departamentales. Que los temas de educación, salud y seguridad ciudadana deben ser legislados por el Gobierno Nacional y ejecutados por los gobiernos departamentales autónomos. Más competencias compartidas: Desarrollo Demandas de la autonomía municipal Suspensión temporal de alcaldes. Cesión de sus competencias, como la de infraestructura educativa. Determinación de tarifas de transporte urbano. Demandas del nivel indígena Incorporación en la Ley Marco de las definiciones de nación indígena y de territorio ancestral. Reconocimiento de los territorios ancestrales para la constitución de autonomías indígenas. Establecimiento del parámetro poblacional. Plazo en la transición de municipio a autonomía indígena en los 11 municipios en conversión. Referendo según normas y procedimientos propios para la conformación de autonomía. Reconocimiento de las TCO como bases para la constitución de territorios autónomos. Transferencia de recursos económicos como a cualquier otro nivel de autonomía.