El Gobierno aún no resolvió la sentencia de la ONU a favor de Rebeca Delgado y de Eduardo Maldonado, las victimas harán conocer de esta omisión al Comité de Derechos Humanos de ese organismo internacional

El informe de rendición inicial pública de cuentas de la Procuraduría General del Estado (PGE) 2019 establece que el Estado boliviano enfrenta 61 juicios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por la violación de derechos humanos.

Para la oposición, la cantidad de casos que pesan contra el Gobierno es preocupante y eso demuestra el “régimen autoritario” de Evo Morales.

El documento detalla los casos que se registran en las distintas etapas de las siete que fija la comisión. Un total de 39 peticiones que se encuentran en la etapa de admisibilidad en la etapa de fondo ante esa instancia son 11 casos. En proceso de solución amistosa hay 3 trámites, en la fase de cumplimiento de sentencia son 4 casos y un proceso en la etapa de disputa entre las partes.

En el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se tramitan tres casos, dos de ellos son de los exlegisladores Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado, en abril del 2017 esa instancia internacional emitió una sentencia contra el Estado boliviano donde determinó que hubo la vulneración de los derechos políticos por no dejarlos participar como candidatos en las elecciones subnacionales de 2015.

Sin embargo, en el informe de cierre de gestión de 2018 de esa instancia, establece que hay un total de 52 casos que enfrenta el Estado boliviano. El canciller Diego Pary manifestó que el Estado boliviano está cumpliendo con los procesos y que están incurriendo en la resolución de los mismos de forma amistosa.

Al respecto, el gobernador de La Paz, Félix Patzi, indicó que la cifra de los proceso es preocupante por que se evidencia que hay la instauración de un régimen totalitario y autoritario que está a la cabeza de Evo Morales.

EXLEGISLADORES

La exdiputada, Rebeca Delgado, manifestó que después de un año el Gobierno aún no realizó ninguna acción para la reparación integral del daño causado a ambos exparlamentarios. Recordó que el Estado tenía un plazo de seis meses para el cumplimiento del dictamen. Enviaron una nota para que el procurador Pablo Mecho explique de qué forma llegaron a una resolución del caso.

El diputado de Unidad Demócrata (UD) Amílcar Barral advirtió que la Procuraduría General del Estado no va a cumplir la sentencia a favor de ambos exlegisladores, lamentó que los convenios internacionales sean usados para situaciones que favorecen a los gobernantes y no a la población.

“El dictamen dice que la sentencia debe ser cumplida totalmente y no sola una parte, eso determina un desconocimiento de la constitución y de los tratados internacionales de forma selectivo sobre mi caso y de Eduardo Maldonado. Porque hacen valer los tratados internacionales para el caso de Evo Morales”, aseveró Delgado.

El asesor jurídico de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Franco Albarracín, señaló que en caso de que el Estado no cumpla con la sentencia. El Comité elevará un informe al Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas; esa instancia analizará la evaluación y emitirá una resolución donde se establecerá el incumplimiento de este dictamen.

“Las sanciones contra el Estado boliviano pueden ser mas de índole económico, es decir, los estados miembros de esta entidad multilateral se abstendrán de realizar algún convenio económico o bilateral con un estado que n cumple con los convenios internacionales”, explicó el jurista.

CASOS

En etapa de admisibilidad se encuentran los casos de: Marcelo Quiroga Santa Cruz cuya última actuación judicial fue el 12 de octubre de 2017; Odón Mendoza, que denuncia vulneración de derechos, protección de la honra y dignidad, garantías judiciales y protección judicial, el último actuado es octubre de 2017.

Los casos de los periodistas Carlos Quispe Quispe y Juan Carlos Encinas, en el primer caso el Estado respondió sobre las observaciones de los demandantes y espera una respuesta de estas observaciones; en el segundo caso, el Estado pidió el archivo del mismo por la inactividad que tiene el peticionario. Ambos casos fueron presentados por la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP).

El caso P-211-12-64 comunidades del Tipnis también está en etapa de admisibilidad y según el informe de la Procuraduría el Estado planteó las excepciones, las que fueron respondidas por los demandantes y el 18 de noviembre de 2017 el Estado respondió a las observaciones de los demandantes.

Jacob Ostreicher también demandó al Estado por cuatro delitos y la Procuraduría presentó sus excepciones de admisibilidad, la última actuación fue en junio de 2016.

La demanda P-1172-09, que señala el caso de Mario Tadic Astorga y otros presuntos sindicados de terrorismo por el gobierno de Evo Morales, fue admitida por cinco violaciones y en junio del 2017 el Estado respondió a las observaciones de los demandantes.

El informe resalta que para el caso I.V. contra Bolivia, el fallo de noviembre de 2016, llevó al Estado boliviano a pagar 69.000 dólares a esta persona como reparación del daño que le causaron y el Gobierno tuvo que emitir un decreto autorizando el pago de este resarcimiento.