La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la demanda interpuesta por Jaime Barrón y Aydeé Nava por la vulneración de derechos y garantías en el juicio del caso 24 de Mayo que determinó una sentencia de siete años y medio de prisión para los exlíderes del extinto Comité Interinstitucional por la Capitalía; recientemente el Estado boliviano fue notificado para responder a la demanda. 

Cimar Campos, abogado del expresidente del Comité Interinstitucional Jaime Barrón, informó que la CIDH admitió una denuncia de vulneración de derechos y garantías de los acusados y recientemente notificaron al Estado boliviano para que asuma defensa.

La CIDH, en una nota dirigida en marzo de este año al ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Diego Pari, solicita una respuesta a la demanda dentro de un plazo de tres meses, aclarando que la solicitud de información no constituye un prejuzgamiento.

Luego de 11 años de los actos de humillación a campesinos el 24 de mayo de 2008, el caso continúa en los tribunales judiciales; en marzo de 2016 un tribunal de Padilla condenó a seis años de prisión a diez acusados, pero en noviembre del mismo año, un tribunal de apelación incrementó la pena de seis a siete años y medio de cárcel.

Este fallo fue apelado con un recurso de casación ante el TSJ que hace más de dos años que no se resuelve porque se plantearon varios incidentes. 

Sin embargo, está pendiente el cumplimiento de un fallo constitucional de febrero de 2018, que declaró ilegal la excusa de la entonces vocal Elena Lowenthal y en criterio de la defensa de los acusados, el juicio debe retrotraerse hasta el momento en que el tribunal de apelación emita nueva resolución.

“Eso implica retrotraer obrados hasta que se dicte nuevo auto de vista, el proceso tendría que volver a la Sala Penal que incrementó la condena en cumplimiento de un amparo que estableció que los vocales que conocieron la apelación no tenían competencia para resolver la apelación”, indicó Campos.