Plan: El Ministro de Economía convoca a los choferes y gremiales a conversar sobre el proyecto pero para endurecerlo. El Vicepresidente ratifica la necesidad de la norma.

Los gremiales tomaron ayer las calles del centro paceño para expresar su rechazo al proyecto de ley de lucha contra el contrabando que propuso el Gobierno, mientras que el vicepresidente Álvaro García Linera justificó la dureza de la nueva norma al señalar que esta actividad ilegal “desangra al país”. Según los comerciantes, el proyecto tilda a todos por igual como contrabandistas, y sólo por ubicarse en mercados tachados de informales sufren la confiscación de su mercadería hasta que el importador pruebe que la internó legalmente. Uno de los dirigentes del sector, Ignacio Nacho, manifestó que ellos quieren concertar la norma con el Ejecutivo para evitar atropellos y perjuicios económicos. Esta protesta se sumó al malestar de los choferes, quienes temen perder sus vehículos porque dicen que no tienen la forma de identificar los contenedores cerrados que transportan. El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, manifestó que el Gobierno está dispuesto a recibir propuestas para mejorar la norma, pero no para flexibilizarla ni dar concesiones al contrabando. El proyecto de ley fue aprobado en grande en la Cámara de Diputados, pero después se suspendió su tratamiento en detalle para enriquecerlo. Arce aseguró que los comerciantes que proceden enmarcados en la ley no tienen nada que temer porque no serán “tocados”. El proyecto plantea la confiscación de vehículos y almacenes que se usen para el contrabando y sube la pena a 15 años para los funcionarios públicos involucrados. El Vicepresidente indicó que “se requiere ser muy duro, muy contundente y esta ley apunta a ser dura. Es una ley 1008 contra el contrabando”. Sin embargo, expresó su confianza en que se entenderá el espíritu de la normativa. El proyecto La propuesta plantea la confiscación de vehículos, almacenes y otros que se usen para el contrabando. Los procesos serán abreviados y la pena para el infractor será de 5 a 10 años y para el funcionario público, de 15.