La medida apunta a descongestionar las cárceles ante la alerta sanitaria nacional por brote de covid-19

El decreto presidencial 4226, promulgado el pasado 4 de mayo, establece el beneficio de amnistía o indulto por razones humanitarias, en el marco de la emergencia sanitaria nacional y en previsión del contagio y propagación del covid-19 en las cárceles del país. ¿Quiénes se benefician?

La concesión de amnistía procede a favor de las personas con detención preventiva o con medidas sustitutivas en los siguientes casos:

1. Cuando estén procesados por delitos cuya pena más grave sea menor o igual a 8 años.

2. Cuando se trate de mujeres embarazadas o con niños lactantes menores de un 1 año; cuando los reclusos tengan bajo su cuidado único a hijos menor de 6 años o con discapacidad; cuando tengan bajo su tutela a menores de 6 años que hayan permanecido en la cárcel; cuando su detención domiciliaria haya excedido el mínimo legal de la pena prevista por el delito que contemple la pena más grave; cuando hayan sido procesados por delitos cuya pena más grave sea menor o igual a 8 años.

3. Cuando exista acuerdo transaccional conciliatorio con la víctima en casos de estafa, estelionato en casos de agravación en caso de víctimas múltiples y lesiones gravísimas.

4. Cuando presenten una enfermedad crónica avanzada o terminal debidamente especificada.

5. Cuando presenten un grado de discapacidad grave o muy grave, debidamente acreditada.

¿QUIÉNES NO SE BENEFICIAN?

De acuerdo al decreto 4226, no pueden beneficiarse con la amnistía o indulto, quienes hayan cometido delitos en los siguientes casos:

1. Por tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales; tráfico ilícito de armas; hurto o robo de armamento y munición de uso militar o policial; homicidio; asesinato; feminicidio; parricidio; infanticidio; violencia familiar o doméstica; trata de personas; tráfico de migrantes; violación; estupro; robo agravado secuestro y contrabando.

2. Por delitos contra la seguridad del Estado como traición; sometimiento total o parcial de la nación a dominio extranjero; espionaje; revelación de secretos; infidelidad en negocios del estado; sabotaje; incumplimiento de contratos de interés militar; o delitos contra la seguridad interior; alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del estado; sedición; conspiración; seducción de tropas; separatismo; terrorismo; financiamiento del terrorismo.  Violación de tratados, treguas, armisticios o salvoconductos y genocidio.

3. Por delitos contra la libertad sexual.

4. Por delitos en contra de niños, adolescente o persona incapaz.

5. Por delitos de sustancias controladas.

6. Por delitos previstos en la Ley N° 004

7. Procesos penales en los que el Estado es parte querellante o acusadora, a excepción del Ministerio Público.

8. Que se haya beneficiado anteriormente con amnistía o indulto.

9. Reincidentes.

Los privados de libertad que consideren que pueden ser beneficiados deben presentar su solicitud, con todos los requisitos que establece el decreto 4226, a los defensores públicos designados a por la Dirección Departamental del Sepdep.

El último Censo Carcelario elaborado en 2019 señala que existen 18.437 privados de libertad, de los cuales 8.249 tienen detención preventiva, 6.589 cuentan con sentencia, 3.101 desconocen el estado de sus procesos  y 498 se encuentran con apremio. El informe señala además que 1.118 reclusos sufren algún grado de discapacidad, 575 poseen la guarda o custodia única de hijas o hijos menores de 6 años; 51 mujeres estaban embarazadas, 59  tienen hijas o hijos lactantes menores de 1 año; 1.233 tienen una enfermedad terminal, y 2.027 presentan enfermedades graves o muy graves  como enfermedad pulmonar crónica, hipertensión, tuberculosis, hepatitis, cáncer, poliglobulia e insuficiencia renal, entre otras.

Varias cárceles en el país reportaron estados de alerta ante el brote del covid-19, el caso más crítico fue el penal cruceño de Palmasola, donde los reclusos iniciaron un motín la anterior semana en demanda de medidas sanitarias urgentes.