Por un lado, la ley en cuestión es un paso significativo en la lucha por la defensa de los derechos humanos en Bolivia pero, por el otro, conlleva el riesgo de que sea aplicada en forma discrecional. Los elementos subjetivos pueden cambiar totalmente el espíritu de la norma.

Los asambleístas del oficialismo, a la hora de explicar el contenido del proyecto de ley, mencionan, entre otros argumentos, que el objetivo es modificar el relacionamiento de las personas sobre la base del respeto mutuo. Qué bueno que se propongan enfocarse en la prevención, generando conciencia de este tema en las escuelas. El racismo y otras formas de discriminación aún perviven en el país y no está mal que se busquen alternativas para combatir estos problemas casi endémicos de la sociedad. Mas, se debe tener cuidado de no llevar el asunto a un extremo tal que provoque exactamente el efecto contrario al deseado: esto podría derivar en la exacerbación del odio entre bolivianos. Entre los artículos controversiales destacan dos que restringen la labor de los medios de comunicación al obligarles a velar por el contenido de sus artículos. Desde el momento de la promulgación de la norma, ningún medio escrito, radial o televisivo podrá contener notas discriminatorias, bajo sanción económica o suspensión de la licencia de funcionamiento. Se puede perseguir un fin saludable, pero el conflicto se presenta en el momento en que se corre el riesgo de que la ley sea manipulada o quede a expensas del criterio —bueno o malo— de tal o cual persona. En lo subjetivo de esta legislación radica el problema. Claramente, los medios de comunicación (y los componentes que intervienen en el proceso de la comunicación, entre ellos, el lector, el oyente y el televidente) perderían uno de sus principios más elementales: la libertad de expresión. Además, sobre periodistas y medios podría desatarse una suerte de persecución legal, al estar permanentemente bajo la lupa de gente malintencionada o con intereses políticos y de otra índole; gente interesada en perjudicar o interferir en la labor profesional de las empresas periodísticas independientes. No se cuestiona la voluntad de castigar el racismo y cualquier forma de discriminación, sino la posibilidad que se abre de controlar los contenidos que se publican en los medios, lo cual sentaría un funesto precedente para la democracia boliviana.