La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió tanto a los periodistas como al Gobierno y escuchó sus versiones

Representantes de los periodistas y del Gobierno de Bolivia se enfrentaron ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH) al exponer sus versiones sobre las recientes leyes aprobadas por el oficialismo que afectan a la libertad de expresión. El órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) examinó los argumentos de ambas partes sobre la situación de la libertad de prensa con relación a dos leyes, una contra el racismo y otra sobre régimen electoral. En concreto, la Ley Contra el Racismo establece sanciones económicas y el cierre de medios que publiquen “ideas racistas y discriminatorias”, y fija que los periodistas y dueños de medios acusados de racismo no podrán acogerse a fuero alguno al ser procesados. La otra medida regula la propaganda electoral en elecciones directas a jueces. Como consecuencia, esa ley prohíbe a los candidatos a los órganos electoral y judicial dar entrevistas a periodistas o expresarse en anuncios. Ambas legislaciones son, en opinión del fiscal de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas, una “arquitectura jurídica restrictiva” y una forma de pedir “autocensura a los medios” y “amordazar a la opinión pública”. Según dijo en una exposición cargada de tensión y acusaciones, la Ley Contra el Racismo “criminaliza” el trabajo periodístico e “introduce la figura del censor”. Vargas comparó la relación actual entre periodistas y Gobierno con la de un “matrimonio mal avenido”, en el que los primeros se han convertido en “enemigos” del segundo por destapar sus casos de corrupción. Además, presentó datos sobre 391 agresiones a reporteros entre 2007 y 2009, aunque el vocero del Gobierno, Iván Canelas, objetó que no son datos oficiales y se trata de ataques de personas, no del Gobierno. Al final de su discurso, el periodista advirtió que “no es tanto lo que es”, en alusión a lo que ocurre ahora en Bolivia, sino “lo que podría llegar a ser” la situación de los medios en el futuro. Por su parte, Canelas insistió en que el Gobierno “no regula” la profesión e insta a las organizaciones de prensa a “autorregularse”. Y después mostró un video que recopilaba insultos racistas contra el presidente Evo Morales. Álvaro desahucia la iniciativa civil El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró que una vez que los periodistas lleven las firmas de la iniciativa ciudadana para modificar la ley antirracismo, no pasará nada en la Asamblea. Como argumento, esgrimió el hecho de que supuestamente se le está preguntando a la gente si es que está de acuerdo con la libertad de expresión y no con la modificación de la norma mencionada. “No preguntaron sobre la modificación al artículo 16, por ejemplo, (de modo que) cuando llegue a la Asamblea, nosotros les diremos que sí, que estamos de acuerdo con la libertad de expresión y ahí se quedará la cosa”. Además, criticó la presencia de periodistas en la OEA porque supuestamente no agotaron instancias nacionales como el Tribunal Constitucional. Ya son 3 periodistas rumbo a La Paz A la marcha iniciada el viernes por el periodista alteño Leopoldo Ibarra, se sumó el domingo el cruceño Franz Araúz y este lunes el también alteño Max Flores. Los tres marchan rumbo a la sede de gobierno en protesta por la aprobación de los artículos 16 y 23 de la Ley Contra el Racismo y piden la anulación del primero y el cambio del segundo. Ibarra comenzó a marchar el viernes desde la población de Caracollo. Aseguró que espera llegar hasta la plaza Murillo de La Paz para hacer escuchar su reclamo. El periodista alteño se declaró en huelga de hambre por varios días en su ciudad, tras la aprobación de la norma en la que el MAS dispone la posibilidad del cierre de medios como una de sus sanciones y el encarcelamiento de periodistas. Ibarra fue despedido de su medio después de haber protagonizado la huelga. El domingo, en Konani, se le unió el periodista cruceño Araúz, con el que compartió ya los rigores de la caminata. Ayer, se les unió Max Flores. Juntos intentaron llegar hasta la población de Calamarca, para descansar allí. Anoticiado de la marcha, el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que estaban en todo su derecho, pero cuestionó que estén viniendo realmente a pie. Insinuó que, a veces, venían en vehículo. Confrontación Autocensura de los medios, amordazamiento de la opinión y criminalización del periodismo fueron los argumentos de Vargas. El Gobierno invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a visitar el país para verificar la situación de la prensa. Apología del odio racial fue la descripción que el Gobierno hizo del trabajo de algunos medios ante la OEA.