El editorial del CIPCA comparte su anlisis sobre la Ley Nº 222 de Consulta del TIPNIS y señala que ésta prácticamente abroga la Ley Corta 180 y que no se adecuaría a cabalidad con la CPE.

Como cada año, entre enero y febrero, recorremos por diferentes regiones del país para evaluar el trabajo de nuestra institución en la gestión pasada. Durante el trayecto pudimos constatar una mayor ampliación de la frontera agrícola a cargo de la agroindustria a ambos lados de la carretera Santa Cruz-Trinidad en el tramo Guarayos-Trinidad con cultivos de soya, arroz, sorgo, maíz; asimismo, supimos de nuevas colonias de menonitas que se van constituyendo o buscando y comprando tierras en diferentes zonas donde antes no estaban (Yacuiba, Macharetí, Chiquitanía, Beni); intensificación de compra o alquiler de tierras de terceros que han logrado titular sus tierras en diferentes regiones, muchas veces usurpando tierras de comunidades indígenas en complicidad del INRA, antes del 2006; pudimos conocer también del bloqueo de campesinos del norte amazónico dado el incumplimiento de la empresa estatal de la almendra (EBA) de su compromiso de pagar a los campesinos y castañeros Bs. 230 por caja de castaña de 23 kg (quería pagar sólo Bs. 130); igualmente del acopio del oro por parte de otra empresa estatal dedicada a este rubro (EBO) sin ninguna medida orientada a bajar los niveles de contaminación de los ríos amazónicos por el mercurio; también resuenan propuestas de autoridades e instituciones públicas como la introducción de ganadería bovina en la amazonía con la consecuente pérdida de áreas boscosas, y de la introducción del cacao híbrido propenso a enfermedades no registradas en el cacao criollo, esta variedad que es propia de la región, cuya producción actualmente se comercializa en mercados locales, nacionales y de exportación; asimismo, fuimos informados por campesinos e indígenas amazónicos sobre la necesidad de consulta previa respecto a la construcción de la represa en Cachuela Esperanza. De todo esto se conoce muy poco y la cobertura mediática es muy escasa. A retazos, por la comunicación inestable o inexistente en algunos tramos de nuestro recorrido, pudimos seguir de alguna manera el proceso de elaboración de la Ley de consulta a los pueblos indígenas del TIPNIS, promulgada el 10 de febrero. Ya se ha dicho, analizado y escrito mucho sobre la novedosa Ley Nro 222 que “sin tocarla” –como se dijo desde el gobierno- se orienta a abrogar la ley corta (Ley Nro 180) tan sólo a tres meses de su promulgación. La mayoría oficialista lo puede todo, la nueva Ley no se sujeta a la Constitución, porque no es previa como indica el artículo 30, parágrafo II, punto 15 de la carta magna; igualmente, suficientes argumentos ponen en duda que sea de buena fe; tampoco toma a los titulares del territorio en cuestión como interlocutores válidos para concertar en este proceso: subcentral del TIPNIS. Hubiera sido más coherente de parte del ejecutivo y legislativo abrogar la ley corta y sustituirla por la ley de consulta, y no dejar esta ingrata tarea a los indígenas que ahora serán consultados; es decir, si la consulta resulta favorable a la construcción de la carretera, será la sociedad civil (los indígenas consultados) y no el Estado (legislativo) que en la práctica abrogue la ley corta. No vamos a repetir aquí los argumentos, acertados, de quienes critican esta ley, más bien queremos mencionar algunos posibles escenarios en que se avecinan conflictos de diferente alcance y nivel. La dirigencia de la CIDOB ha anunciado la IX Marcha indígena, sin embargo aún falta precisar la plataforma de la marcha en defensa de los derechos de los pueblos indígenas. A ello se suma que la época lluviosa al menos dificultará mucho iniciar una marcha en lo inmediato, y habrá que ver en qué medida las fuerzas de las y los marchistas después de la octava marcha se han repuesto. De todas maneras, una nueva marcha u otro tipo de movilización que defina la CIDOB no será de sólo de los indígenas, sino también de otros sectores en busca de expresar su malestar contra la inconsistencia de las acciones y medidas del gobierno en torno al TIPNIS y del proceso de transformaciones en general; y es previsible que dichos sectores busquen sumar sus propias demandas ejerciendo mayor presión y complicando la gestión de gobierno. Ya la octava marcha tuvo resonancia e impacto nacional e internacional por el amplio apoyo que recibió de la ciudadanía paceña y de otras regiones del país. Ya sea porque la CIDOB inicie la movilización o porque se lleve a cabo la consulta en el actual contexto de tensiones, lamentablemente los conflictos serán nuevamente entre indígenas, y de estos con campesinos, lo que seguirá debilitando al movimiento campesino indígena del país que tanta relevancia tuvo en la gestación del proceso de transformaciones en Bolivia. Pues la ley de consulta ya es motivo de expresiones y manifestaciones de otras organizaciones campesinas indígenas del país, que alimentan aún más las tensiones. También hay que indicar que ninguna iniciativa de impugnación de la indica ley, como han anunciado algunos, tiene sentido en el país, no encontrará eco en las autoridades encargadas de velar por la constitucionalidad de las normas. Probablemente dirigentes que se manifiesten contra la ley y/o se opongan a la aplicación del proceso de consulta sean procesados e incluso detenidos bajo el argumento, falso, de sedición –porque la Constitución manda que la consulta sea previa-, como ya lo han manifestado algunos dirigentes políticos, lo que complicaría más la situación. Entre tanto, la oposición política y regional aunque disminuida y muchos líderes regionales de derecha encontrarán nuevos argumentos para condenar el auténtico proceso de transformaciones estatales por los que apostó el país; nuevamente intentarán adueñarse del discurso pro indígena e intentarán llevar las aguas a su molino para complicar y trabar cuanto puedan la gestión de gobierno. Empero, la oposición en la Asamblea legislativa no será efectiva por su reducido número y por la carencia de propuestas viables y de visión política, y con sus consabidas declaraciones sólo logrará que el gobierno tilde una vez más a los indígenas de aliados de la derecha que buscan desestabilizarlo. La decisión del gobierno de construir la carretera por el corazón del TIPNIS tomada ya hace tiempo sigue y seguirá intacta. Si gana la opción de la construcción de la carretera, la consulta será vinculante como dice la Ley, caso contrario sólo sería referencial –como ya han anunciado miembros del gobierno- y formularían nuevas iniciativas como referéndum departamental y otras para buscar la concreción de este proyecto. La tensión y los conflictos pueden profundizarse y colisionar con tiempos políticos a medida que se vaya acercando el 2014. Y es que el proyecto de la carretera por el TIPNIS y otras iniciativas, como las mencionadas al principio son, como se sabe, parte importante del modelo de desarrollo impulsado por el gobierno actualmente en varias regiones del país y que poco tienen que ver con el paradigma del vivir bien. (*) Lorenzo Soliz es Director General de CIPCA