El editorial de Página Siete del 06 de enero de 2013 comenta sobre el decreto de indulto y el caso particular de los presos extranjeros detenidos en cárceles bolivianas.

Un aspecto que estaba inicialmente considerado en el decreto de indulto aprobado por el Gobierno a fines del año pasado quedó finalmente al margen: la idea de indultar o expulsar a los presos extranjeros. El director nacional de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, aseguró en noviembre pasado que los detenidos serían expulsados antes del 31 de diciembre. Llanos estimó que en todos los centros de reclusión bolivianos hay unos mil privados de libertad de diferentes países. Lamentablemente, al conocerse el contenido del decreto de indulto, este aspecto no estaba incluido. La idea es positiva porque ayuda a cumplir por lo menos tres objetivos: reducir el hacinamiento en las cárceles bolivianas, utilizar mejor el presupuesto para centros penitenciarios y proveer de ayuda humanitaria a los internos que serían beneficiados. Todos ellos estarán mejor en sus países, obviamente, que en Bolivia, lejos de sus familias. El planteamiento fue puesto en marcha inicialmente por el Ejecutivo chileno, que propuso al Congreso de su país la aprobación de la ley de indulto de internos chilenos y extranjeros. La iniciativa benefició a 451 bolivianos, 260 peruanos, 30 argentinos y unos 5.000 chilenos. Tras ser puestos en libertad, algunos de ellos fueron detenidos en sus países de origen porque habían cometido delitos también allí, pero la mayoría está libre, con la esperanza de rehacer sus vidas en actividades legítimas. Bolivia también aprobó una ley del indulto, pero para ciertos casos. Ojalá la iniciativa hubiese sido más ambiciosa, pues solamente beneficiará a unos 1.600 reos; es decir, aproximadamente un 12% del total (los datos oficiales no son precisos). Ahora se podría completar la iniciativa con el indulto o expulsión de quienes tienen nacionalidad extranjera. El viernes pasado, un grupo de 200 extranjeros, casi todos peruanos, hizo una manifestación dentro de la cárcel de San Pedro para que este plan sea ejecutado lo antes posible. De los mil extranjeros que están en cárceles bolivianas, la mayoría, unos 650, proviene de Perú. También hay grupos numerosos de colombianos y brasileños; en general, existen internos que proceden de 40 países. Ésta es una iniciativa muy fácil de asumir. Es una decisión administrativa, sin costos de por medio y sin necesidad de que se convierta en una ley, que suelen ser difíciles de aplicar. Lo que sí se requiere es, obviamente, hacer una cuidadosa coordinación con los representantes de los países de los que provienen los detenidos para establecer si algunos de ellos, por su peligrosidad, por ejemplo, necesitan ser tratados con mayores medidas de seguridad. Pero debe hacerse.