Reformas

Cambiar la Ley 1008 sería contraproducente


2013-01-23

Editorial del Periodico Cambio opina sobre las propuestas para modificar la Ley 1008 con relación a los cultivos de coca

La Ley 1008, aprobada en el año 1988, casi simultáneamente con la Reunión de Viena condenando la producción, comercialización y consumo de drogas en el mundo, con un convenio del cual fue signataria Bolivia, es una disposición legal que a poco de su aprobación, tanto los partidos en condición de gobernantes como los de oposición y parte de la comunidad nacional, la calificaron como “leonina” y contraria a los derechos humanos. Políticos, gobernantes, parlamentarios desde ese mismo año de aprobación, unieron a sus protestas la intención de modificarla en muchos de sus puntos; sin embargo, nadie - empezando por los integrantes del Poder Legislativo - dio siquiera un paso para modificar lo que habían considerado como impropio desde el primer momento. Esa ley siguió vigente y sobre la base de ella ha funcionado en Bolivia la larga lucha en contra de las drogas, su producción y consumo. Hoy, a veinticinco años de promulgada dicha disposición, se dice, a nivel del Parlamento, que es “preciso cambiarla por otra disposición” y militantes del MAS hacen dos propuestas: una, señalando que el número límite de hectáreas de doce mil destinadas al masticado y ceremonias tradicionales, sea aumentada a veinte mil hectáreas, y otros, a treinta mil o treinta y cinco mil hectáreas. Tanto gobiernos, como partidos políticos y miembros del Legislativo, saben que de las hojas de coca proviene la pasta base (“crack”) y la cocaína cristalizada y que cualquier incremento en los cultivos de coca está destinado a aumentar la producción de droga. Saben también que sólo la coca producida en los Yungas paceños es aceptada por el campesinado por ser “suave y dulce” y rechazan el producto del Chapare y otros sitios porque lo califican como “dura y amarga”. Esto implica que toda producción de coca excedentaria es destinada a fabricar droga y, de la fijada por la 1008 y aceptada por el campesinado, de una producción de doce mil hectáreas, hay conciencia de que una parte está destinada a producir droga, porque el hombre de campo está muy lejos de consumir la cantidad fijada en 1988. Aumentar la producción mediante una nueva ley es apoyar la mayor fabricación de droga, y ello es consentir que los narcotraficantes dispongan de mayor cantidad. Nuestro país es signatario de convenios en contra de la producción, comercialización y consumo de drogas y está obligado a respetarlos y, en vez de aumentar su producción, propender a reducirlas drásticamente, porque con ello evitaremos que en el país haya tendencia a un mayor consumo. No deben ser las conveniencias partidistas las que determinen políticas de Estado, sino las conveniencias de éste que el Gobierno está obligado a cumplir, especialmente cuando se trata de la tranquilidad, salud y vida de la población.

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