Provoca asombro y consternación oír a una primera autoridad de un Estado democrático relativizar la importancia y valor de los Derechos Humanos, afirmando que éstos no pueden perturbar el eficaz cumplimiento de los propósitos institucionales, sobre todo de las fuerzas armadas. Más allá de ser mera anécdota, tal actitud evidencia el total desentono e incongruencia de esa autoridad con el rol y función que está obligado a cumplir como gobernante democrático, así como su insuficiencia en la comprensión y ponderación de esos derechos, cuyo cumplimiento y garantía son los fines superiores de dicho Estado.

Los Estados democráticos modernos son los que se estructuran en relación a la obediencia y acatamiento pleno de los Derechos Humanos, convirtiendo a éstos en el centro y guía de todos sus desempeños. Gobernar democráticamente es, antes que nada, cumplir con esos derechos, contribuyendo a que cada uno de ellos tengan un sustento institucional y operativo reales y plenamente consolidados en la sociedad. Las instituciones de los Estados democráticos, incluidas las armadas, no pueden quedar exentas de ese acatamiento. Es más, sus objetivos y funciones institucionales se estructuran en la consecución del fin estatal indicado. En cuanto a lo militar, las propias doctrinas castrenses de formación de los ejércitos en esos Estados no pueden omitir el respeto a los derechos humanos. Sus políticas de reclutamiento, instrucción y operación, tanto en tiempos de paz como de guerra, se fundamentan en su plena observancia. Instalaciones y medios apropiados, métodos y técnicas de instrucción convenientes, alimentación y vestimenta adecuadas y, ante todo, absoluto respeto a la dignidad de las tropas, son los componentes del marco de acción en el que operan los ejércitos de las democracias. Todo abuso y violación a los derechos humanos deben y tienen que ser inmediata y ejemplarmente sancionados, tanto por principio como por política. Por principio, en cuanto al ser ejército de un Estado democrático, su finalidad es defenderlo y preservarlo en cuanto tal, lo que significa que los fines y propósitos de ese Estado no pueden ser ajenos a su doctrina. Por política, en cuanto institución armada, sus miembros deben ser absolutamente disciplinados en la observancia de las tales derechos, caso contrario constituirían una potencial amenaza para la sociedad y el propio Estado. Además, el aminorar el respeto a los derechos humanos en los cuarteles no eleva la calidad y destreza militar. Los ejércitos modernos logran su eficiencia del orden siguiente de factores: calidad del equipo, óptima destreza en su manejo, excelente profesionalidad de sus mandos, buena preparación física y psicológica de la tropa (no resultante, claro está, de maltratos y agresiones), y oportuna capacitación sobre reglas y normas relativas al comportamiento militar en tiempos de paz y de guerra (donde los derechos mencionados son materia obligada); en otras palabras, la habilidad castrense proviene de tecnología y apropiado conocimiento técnico, táctico y normativo, de manera que no es necesario “sacar la infundia” a los efectivos para convertirlos en buenos soldados. Pero más allá de ejércitos e instrucción militar, lo pronunciado por el presidente Morales es mucho más que uno de los muchos exabruptos a los que tiene acostumbradas a sus audiencias. Al menospreciar a los Derechos Humanos puso en evidencia su desencuentro con la propia dimensión ética y operacional del Estado Plurinacional instaurado en 2010, toda vez que éste se funda como consecuencia de la exigencia social de que los derechos de las personas, de los pueblos, de las comunidades sean respetados, que sus derechos humanos nunca más sean ignorados y menospreciados. Sin embargo, el desatino aún va más allá. Semejante alocución no fue dada a correligionarios cocaleros o acólitos masistas, sino, nada menos, ¡a miembros de las fuerzas armadas! Como antes señalé, son éstos los que deben ser más rigurosamente adheridos a la observancia plena de los Derechos Humanos. Si un ejército es aleccionado a hacer caso omiso de tales derechos, es colocar una bomba en la base misma de la democracia, siendo cuestión de tiempo su detonación. Lo dicho por el presidente no sólo extraña y confunde, sino que asusta y preocupa. Me pregunto si habrá sido consciente de lo que decía, o simplemente fue un desliz más. Es perentorio que Evo Morales asuma, de una vez por todas, que el ejército del Estado Plurinacional de Bolivia es un ejército de un Estado democrático, no de una dictadura o totalitarismo. Espero que el yerro cometido por el mandatario pueda ser revertido no con otro de sus discursos, sino con acciones concretas que demuestren que él es la cabeza de un régimen capaz de construir una democracia verdadera mediante la promoción e incondicional respeto a los Derechos Humanos.