En un afán por lavarse las manos respecto a la retardación de justicia, el Fiscal General del Estado y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia están librando una suerte de batalla de estadísticas en los medios de comunicación. El lunes, el primero aseguró que el 83% de los juicios por narcotráfico están en manos de jueces y vocales. A modo de respuesta, el segundo señaló, ayer, que la Fiscalía maneja el 96% de los litigios penales.

Lo deseable sería que estas autoridades, antes que cifras, se preocupen por discutir soluciones para resolver los grandes males de los que adolece el sistema judicial. Por ejemplo, tiempo atrás, para atenuar la retardación, uno de nuestros colaboradores, Tomás Molina, propuso la implementación de evaluaciones periódicas que midan el número de sentencias que dictan los jueces cada mes. Y es que con auditorías regulares se podría diferenciar, fácilmente, a los jueces probos de aquéllos sin vocación ni interés en la pronta justicia, que se limitan a celebrar audiencias y a enviar tras las rejas a los acusados de manera preventiva. De esta manera las excusas que tradicionalmente se escuchan (que están sobresaturados de procesos, que es imposible despachar todos los casos dentro los plazos establecidos por ley, etc.) serían cosa del pasado; y lo propio podría aplicarse para los fiscales.