Esta semana ha tenido lugar en La Paz el IV Congreso Latinoamericano contra la Trata y Tráfico de personas. Abundaron testimonios respecto del modo de trabajo de las redes criminales que se dedican a este ilícito y sobre todo de los efectos que causan en sus víctimas, y se presentaron numerosas investigaciones que ayudan a entender el fenómeno para combatirlo.

Una de esas investigaciones es la presentada por las fundaciones La Paz y Munasim Kullakita, que revela que El Alto “no es solo un lugar de destino, sino de captación y traslado de jóvenes para el comercio sexual” hacia poblaciones situadas en otras provincias, en otros departamentos de Bolivia e incluso en otros países, según explicó el responsable del estudio.

Dicha investigación recopila información proporcionada por niñas y adolescentes que fueron víctimas de trata y tráfico, así como de otros actores involucrados como trabajadoras sexuales, proxenetas, autoridades policiales y judiciales, entre otros. El resultado es un mapa completo que muestra cuáles son las rutas dentro y fuera del departamento de La Paz por donde pasan los traficantes de personas.

Según el estudio, las jóvenes captadas en El Alto son llevadas a Caranavi, Chulumani, Ocobaya, Coroico, Palos Blancos y Mapiri. El investigador explicó que “la minería es una de las mayores demandantes del comercio sexual”. En el ámbito interdepartamental, las víctimas son llevadas hacia Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Tarija y Beni.

Asimismo, informó que en el exterior del país, “un destino fundamental es Perú, en especial las minas como La Candelaria, donde según datos de las propias autoridades, habrían más de mil bolivianas en situación de prostitución, aunque no pudimos corroborar eso en la investigación”. Finalmente, se identificó a Pisiga y Villazón como los puntos por donde se lleva a las mujeres cautivas hacia Chile y Argentina, respectivamente.

La investigación también demuestra cómo operan las redes de trata en la propia ciudad alteña, donde abundan edificios de alojamientos y bares que esconden en sus pisos superiores no solo cuartos de alquiler por horas, sino sobre todo verdaderas prisiones donde tienen retenidas contra su voluntad a mujeres de toda edad víctimas de explotación sexual.

Sin embargo, lo más alarmante del estudio es la evidencia de lo poco que hacen las autoridades para investigar, detener y sancionar a los criminales dedicados a la trata y tráfico. De un total de 82 casos identificados entre 2014 y 2015, solo 50 fueron investigados por la Policía y la Fiscalía, y de ellos apenas seis llegaron a estrados judiciales, donde solo tres recibieron sentencia.

Hay, pues, abundante información y conocimiento sobre el modo en que operan las redes de traficantes y tratantes, pero al parecer poca voluntad de las autoridades competentes para hacer algo al respecto.