El Semanario PULSO opina sobre el proyecto de ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, sugiere analizar las expresiones del racismo cotidiano y como el debate del proyecto ya ha generado el cuestionarse sobre las expresiones racistas en la sociedad

editorial La expresión racista ________________________________________ No se puede sancionar la ideología racista, ésta existe en la mente del individuo. Sí se puede sancionar la expresión que haga apología o reproduzca esa ideología, considerada como censurable en diversos instrumentos de derecho internacional de los DDHH, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 20) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 13). El todavía proyecto del ley contra el racismo y toda forma de discriminación toca de manera directa este punto medular del debate sobre libertad de expresión, pero, desafortunadamente, la discusión se centra más en el señalado derecho a expresarse libremente que en el tema sobre el cual versará esa expresión, el racismo. Ciertamente el artículo 16 del señalado proyecto de ley se muestra ominoso para las empresas periodísticas –y por extensión para las y los asalariados que trabajan en ellas–, pero también es cierto que no es difícil encontrar discursos discriminadores en todos los medios de comunicación del país. ¿Significa eso que todos los medios de comunicación habremos de autocensurarnos? ¿Cómo se identifica el límite entre una expresión cotidiana y la apología? ¿En qué momento comienza a ser punible? Porque es el espíritu criminalizador de la Ley lo que provoca el actual debate, no el problema del racismo, que no se resuelve con jueces y cárceles. Sin embargo, en el tono y el énfasis de la protesta, sin negar lo mucho que tiene de razón, se identifica, también, una tácita admisión de culpa. Y esta actitud, atribuible a "los medios" (o, también, a las elites que los controlan) por extensión se aplica a la sociedad, que, perpleja, se pregunta qué debe decir y qué no para evitar ser etiquetada de racista. He aquí una primera virtud de la polémica norma: las personas se están viendo obligadas a revisar su expresión racista; de un modo u otro comienza a reconocerse el racismo y la discriminación implícitos en infinidad de expresiones y actitudes cotidianas –incluso si únicamente a través de amargas ironías o chistes de cantina–. El asunto va más allá de solamente posibilitar el debate público sobre las múltiples formas de discriminación, entre ellas el racismo; tiene que ver con la visibilización de aquello que por cotidiano había dejado de ser observado, hasta ser considerado "natural", "normal" o "de sentido común". La teoría crítica llama "racismo cotidiano" a esta práctica, y pruebas de su existencia abundan. Tómese por ejemplo los estudios de la Defensoría del Pueblo sobre percepción de la discriminación, donde casi ocho de cada diez personas consideran que la sociedad boliviana es discriminadora, pero sólo 27 por ciento de ellas se han sentido discriminadas. La ya nombrada teoría crítica señala que el racismo opera en dos niveles: el social y el cognitivo. El primero es el que hoy está en crisis; las prácticas sociales discriminatorias y las relaciones de abuso de poder por parte de grupos dominantes han merecido abundante crítica en los últimos años, y el proyecto de ley sólo viene a normalizar lo que mucho se ha demandado desde diversos y mayoritarios grupos de la sociedad civil. Dicho sea de paso, la demanda de excesiva penalización proviene originalmente de estos sectores y sólo encuentra buena predisposición en el Gobierno. El segundo nivel, el cognitivo, es la base de las interacciones que tienen en sus raíces los prejuicios y las ideologías racistas y discriminadoras. Ambos niveles se manifiestan en lo que puede ser calificado como discurso racista. El debate actual observa las limitaciones que se impondrán a la expresión pública de ese discurso, pero también pone en cuestión los límites de lo que debe ser aceptable o no para las personas. Cabe preguntarse si esta segunda dimensión del debate conducirá a algún cambio. Por lo pronto los argumentos dominantes se muestran opuestos a limitar –"autocensurar", dirán algunos, como si fuese algo malo en sí mismo– la expresión cotidiana de la discriminación, y no se avienen a considerar que, en realidad, se trata de reconocer el derecho de todas y todos a ser respetados en su identidad y diferencia, base –se supone– de toda convivencia democrática. En resumen, la ley antirracista servirá menos de lo que se espera si, como se teme, es convertida en un nuevo instrumento de persecución de la disidencia. Si, por el contrario, es aplicada en función de su finalidad educativa, será apenas el primer paso en la titánica tarea –que ciertamente será resistida– de desmontar la ideología racista y sus múltiples manifestaciones en todos los ámbitos de la sociedad boliviana.