El presidente del Senado, René Martínez, reflexiona sobre el artículo 16 del proyecto de Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 10 de septiembre. En una entrevista plantea seguir con el debate con todos los sectores involucrados en la polémica.

—¿Cuál es su opinión sobre el debate que ha generado el proyecto de ley que ya está en el Senado para su revisión? —Es un tema que genera debate, no sólo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino fuera de ella y tomando probablemente susceptibilidades políticas, y en algunos casos atrincheramientos de sectores. Lo que tiene bien claro la opinión pública nacional es que una cosa es la libertad de expresión y otra muy distinta la libertad de prensa. La libertad de expresión, aquello que tenemos derecho como ciudadanos, es absolutamente de todos los bolivianos. No está parcelado ni patrimoniado a un sector específico. Cualquier originario, no originario, mestizo, criollo o de cualquier estamento al que pertenece un ciudadano está en el ejercicio de derecho pleno, porque le reconoce el precepto constitucional. Una cosa es la libertad de prensa y otra cosa es que estos criterios de justificación se conviertan en escudos que estuvieran permitiendo a que la libertad de expresión o la libertad de prensa la estemos abriendo como si fuera un libertinaje, en el que todo el mundo pueda decir lo que le dé la gana. —¿A qué atribuye que algunos sectores rechacen este proyecto? —Yo quiero apelar responsablemente, con toda la seriedad del caso, y volcarme a los operadores de la comunicación. Entiendo que desde los marcos normativos básicos regionales, locales, normas éticas hasta convenios internacionales, son marcos normativos de regulación de este mismo precepto de libertad de expresión. De lo contrario estaríamos, reitero, equivocadamente intentando escudar, bajo el pretexto de libertad de expresión, a que podamos seguir soportando actos de discriminación y racismo, hechos lamentables como los ocurridos en años pasados. —¿A qué hechos se refiere? —Los que ocurrieron el 24 de mayo de 2008 en Sucre, o a sucesos lamentables como el hecho de haber golpeado a un parlamentario como Wilber Flores. El caso nuestro (toma de instituciones públicas de 2008 en ciudades como Santa Cruz), hemos sido víctimas de esta irracionalidad de grupos, que por la polaridad política entran a la vulneración de nuestros derechos más elementales consagrados no sólo en nuestro país, sino en el mundo a través de los derechos universales y humanos. Por eso es que hay que volcar la mirada y hacer una lectura de que esta ley es para amparar a los desprotegidos, a los discriminados, a esa inmensa mayoría de ciudadanos que desde la estructuración del Estado republicano fueron marginados, a eso no le podemos llamar de otra forma más que marginación, exclusión y racismo. Porque teníamos una visión centralista monocultural del manejo del Estado. Hoy por hoy, nuestra dimensión plurinacional nos invita a convivir en interculturalidad permanente, a convivir y a reclamarnos iguales, por qué tendríamos que tener estamentos con privilegio y cuando todos estamos regulados por los marcos normativos a tener comportamientos adecuados, donde no vulneremos derechos. Sabiendo que el derecho de todos y cada uno de los bolivianos debiera respetarse por el amparo constitucional. —Ahora el debate se trasladó a la Cámara de Senadores, ¿cómo se está encarando el proceso de revisión de este proyecto? —Yo quiero conminar al presidente de la Comisión de Constitución a que no sea sólo un abanico de participación sectorial como los representantes de la prensa, sino también deberían estar los afrobolivianos, los pueblos originarios, los campesinos, los estamentos y sectores que hasta hace poco sus derechos eran vulnerados. Están en la obligación de recoger sus inquietudes para ponerle freno a estos actos, que a estas alturas del desarrollo de la humanidad ya se creían superados. —¿Qué riesgos advierte en caso de relegar la aprobación de esta norma? —Va a ser como tener una suerte de complicidad con estos hechos, que no deberíamos permitirnos. Si nos decimos ser un Estado Plurinacional, debemos reclamarnos como iguales. Por lo tanto, todos tenemos que estar regulados por este marco normativo. —Entidades de prensa afirman que un artículo de la ley (referido a la suspensión de licencia a medios que autoricen la difusión de ideas racistas) pone en riesgo las fuentes laborales en ese sector, ¿cual su opinión? —Se dice que se está quitando fuentes de trabajo, yo no sé si hay algún operador (que) trabaja difundiendo hechos de discriminación y racismo. Eso no nos podemos permitir, no sólo por las normas éticas de regulación que tienen los operadores de la comunicación, sino por sus propias normativas internacionales. —Además del argumento de defensa de la libertad de expresión, ¿a qué atribuye la reacción de algunos (propietarios de) medios de comunicación (y gremios de la prensa)? —Deberían tener una visión más integral y no parcelada y particularizada, simplemente viendo ese artículo. Entiendo que detrás de ellos hay un posicionamiento político, entiendo también que hay legitimidad para esta observación, pero debiéramos tener la capacidad de tener una visión más integral de todo el proyecto para cumplir su verdadera finalidad. A partir de eso vamos a tener una mejor comprensión y a partir de ello generar una suerte de alianza a través de los operadores, en términos de carácter preventivo para que no se den más hechos lamentables. Hay varios criterios si hay modificación como la mayor drasticidad en la sanción penalizadora, habrá que ver en una suerte de equilibrios y cuáles son estos criterios de esta fundamentación. Se deben tomar en cuenta posiciones de imponer mayor drasticidad y ponerle frenos a los actos de discriminación y racismo existentes.