Como cada abril desde hace años, la otrora poderosa Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno negocian el pliego petitorio del ente matriz de los trabajadores. Desde que la COB decidió orgánicamente aliarse con el oficialismo, tanto la negociación como su resultado han sido relativamente pacíficos y con escasa conflictividad, si bien nunca faltan anuncios de movilizaciones.

El punto central de la negociación es, a no dudarlo, el porcentaje del incremento salarial. Este año, el Gobierno ha ofrecido un 4% y la COB ha solicitado un 8%. Independientemente de cuál sea el curso de la negociación (tradicionalmente repartida en mesas especializadas con participación de trabajadores y autoridades), el acuerdo final sobre la cifra de incremento salarial define prácticamente todo.

El empresariado privado se ha manifestado en contra del carácter bipartito de esta negociación. Esta característica data desde mediados del siglo pasado, cuando, luego de la nacionalización de las minas, el Estado era el más grande empleador del país. Hoy, el Estado ha recuperado un rol central en la economía boliviana, al controlar los sectores estratégicos, pero ya no es, ni de lejos, el empleador más grande.

También se han manifestado, menos enfáticamente, algunas organizaciones de pequeños productores y artesanos, quienes han hecho notar que un incremento salarial puede afectar dramáticamente su flujo de caja y tiene el potencial de dejarlos fuera del negocio.

En ese sentido, sería conveniente realizar una reevaluación de la participación del sector privado, con todos los componentes que corresponden a una economía de tipo plural; y sin perder el control de la definición de la política pública, las autoridades podrían imaginar mecanismos de participación de empresarios, pequeños productores y del sector cooperativo.

Pero también es necesario reflexionar sobre el impacto en el mundo de los pequeños emprendedores. Una medida que no discrimine el tamaño, ni la productividad ni la capacidad de generar excedentes en una economía heterogénea como la boliviana no solo amenaza a la supervivencia de los pequeños negocios, sino también puede afectar a los trabajadores de estos emprendimientos.

Esto ocurre porque la mayoría de los pequeños y micro establecimientos económicos son prácticamente invisibles para el Ministerio de Trabajo, que es el responsable de hacer cumplir la normativa laboral. De esa manera, el dueño del pequeño negocio bien puede omitir el cumplimiento de la norma sobre incremento salarial, al ver afectado su flujo de caja.

Éste, junto al problema de nuestra estructura impositiva, es otro ejemplo de que en Bolivia hace falta que la escala de la política pública se adecue a las diversas escalas de la estructura económica. En tiempos difíciles, se debe echar mano de la imaginación para resolver este tipo de problemas.