Reformas

El derecho a la consulta previa


2016-10-24
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Pagina Siete

El numeral 15 del artículo 30 de la CPE señala que los pueblos indígenas tienen derecho a la consulta "cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles”.

Nuevamente el presidente Morales ha acusado a grupos indígenas del país de afectar a la industria hidrocarburífera al oponerse a la exploración y explotación en los territorios que ocupan. Otras autoridades lamentan que la población que vive en las cercanías del parque Madidi también se oponga a la construcción de las represas Chepete y El Bala. Las autoridades, de la misma manera como intentaron construir la carretera a través del TIPNIS sin hacer esa consulta previa,  pretenden violar las normas respectivas para seguir con un modelo de desarrollo que no respeta los derechos del medio ambiente y de los pueblos indígenas.
 
Y esas normas son muy claras: el numeral 15 del artículo 30 de la CPE señala que los pueblos indígenas tienen derecho a la consulta "cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles”. La construcción de represas corresponde precisamente a una "medida administrativa”. El numeral 17 de ese artículo prevé que los pueblos indígenas tienen derecho a la "gestión territorial indígena autónoma y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros”. Es decir, petróleo y gas.
 
El 403, además, "reconoce la integralidad del territorio indígena originario campesino, que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables”, mientras el 343 se refiere a que "la población tiene derecho a ser consultada e informada previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente”. En el mismo orden, el artículo 352 señala que la explotación de recursos naturales "en determinados territorios estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será libre e informada”.
 
Finalmente, el artículo 6, del Convenio 169 de NNUU, de la que Bolivia es signataria -por ello tiene rango de ley-, señala que "las consultas (a indígenas) llevadas a cabo en aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”. En este artículo la frase "lograr el consentimiento” es clave. 
 
La misma convención agrega que se debe "consultar a los pueblos (indígenas) interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Todo esto es de conocimiento de las autoridades, obviamente. Si hay un frente político que insistió, durante años, en la necesidad de respetar los derechos de los pueblos indígenas ese fue justamente el MAS que, antes de su llegada al poder, destacó el hecho de que Bolivia hubiera suscrito el Convenio 169.
 
Pero, como suele suceder con los gobiernos, hoy el MAS no sólo rechaza esas ordenanzas, sino que, como hemos dicho, el Presidente hace permanentes declaraciones denigratorias de los indígenas.
 
Como el régimen no concibe otro modo de desarrollo que no sea el extractivista y no sabe cómo mantener la economía si no es con la explotación de recursos naturales, tiene que vencer los obstáculos que le impone la ley y, también, permitir algo que ningún gobierno anterior siquiera se animó a proponer: explorar y producir petróleo y minerales en las áreas protegidas.
 
Mientras el Gobierno no conciba otro modo de alcanzar el crecimiento que no sea depender de los recursos naturales, el problema persistirá y seguirá considerando a las consultas previas y las movilizaciones indígenas como frenos a sus políticas. 
 
Sería tanto más simple imaginar otro tipo de desarrollo, como por ejemplo promover la agricultura de pequeña escala, la industrialización ligera basada en manos privadas o el ecoturismo, pero la mentalidad de las autoridades, anclada en los años 60 y anteriores, solo les hace ver que explorar petróleo o minerales, y luego exportarlos, es el mejor camino de emprender.

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