Rafael Puente opina sobre el proyecto de ley contra el racismo y toda forma de discriminación siguiendo afirmaciones que se han hecho sobre su contenido y desde su análisis, el real alcance de este proyecto.

Confieso que me puse a leer la vilipendiada Ley contra el Racismo —aprobada ya en Diputados— con cierto temor, no fuera a ser que efectivamente trasluciera cierta tendencia autoritaria o mostrara un sesgo anti oposición. Pero quedé sorprendido al comprobar que todas las objeciones son infundadas o malintencionadas. Veamos algunas: “Es una ley pensada para perseguir a la oposición”. Mentira! No hay una sola afirmación que permita justificar esa acusación; por el contrario, entre las múltiples formas de discriminación que se prohíben se incluye cualquier discriminación por razones de ideología o filiación política, o sea que más bien protege a la oposición de cualquier forma de discriminación de parte del oficialismo. De la misma manera, queda también prohibida la otra discriminación “desde abajo”, es decir, contra los q’aras, contra los gringos y similares. En general, el artículo 5 es digno de leerse, ya que realmente abarca todas las formas imaginables (y realistamente pensadas) de discriminación. Y cuando se modifican artículos del Código Penal (Art. 23 de la Ley) primero se hace hincapié en los servidores públicos —¡incluyendo a militares y policías!—, y después en los medios de comunicación (a los que se concede, por una vez, la posibilidad de retractarse, lo que en todo caso es muestra de que no se trata de una ley persecutoria). Sin olvidar que la ley establece la información obligatoria del curso de los procesos seguidos por racismo (Art. 10). Además, en el Comité que se prevé en el Art. 8 estarán presentes no sólo la Asamblea de Derechos Humanos y del Defensor del Pueblo, sino también el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. “Primero hay que educar, no se arregla nada con prohibir”. La afirmación no es falsa en sí misma, pero no le hace justicia al proyecto de ley, ya que el artículo 6 se refiere expresamente a la importancia de hacer investigación, prevención y educación. Ciertamente se tiene que educar también a la población —por ejemplo— respecto del comportamiento sexual respetuoso, pero todos estamos de acuerdo en que mientras tanto los violadores van presos (por lo menos), y lo mismo se puede afirmar de todos los otros campos, ¿por qué no del campo de la discriminación y el racismo? Por si fuera poco, la ley prevé tratamiento psicológico para los funcionarios públicos —¡incluidos policías y militares!— que se muestren racistas (Art. 13). “Primero hay que invertir en erradicar la pobreza” Lo mismo es una afirmación correcta, pero no supone ninguna objeción contra el proyecto de ley, no sólo porque éste habla expresamente de invertir para erradicar la pobreza (¿qué pasa, señores, es que no han leído lo que critican?), sino porque no queda muy claro por qué mientras haya pobreza tendría que ser permisible la discriminación, y más concretamente el racismo. “Nos van a sancionar por cualquier expresión coloquial y cariñosa” Así le oí expresarse a un comentarista por la radio: “¿Acaso a nuestra enamorada no la llamamos cariñosamente negrita? ¿Y eso va a ser ahora motivo de sanción? ¿O qué pasa cuando el presidente Chávez saluda al presidente indio Evo Morales?”. Oiga, estimado conciudadano, atienda al contenido de la ley, lo que la ley penaliza no es el uso de la palabra (por ejemplo pintura negra) sino su contenido semántico. Y si a usted su enamorada lo denuncia por llamarle negrita será porque está harta de usted (cosa que no me extrañaría), no porque el vocablo mismo esté penalizado. “Va en contra de la libertad de expresión”, “Es una ley mordaza contra la prensa”, Mentira doble. De lo que va en contra es del mal uso de la libertad de expresión, y eso vale para la libertad de expresión del ciudadano/a normal y corriente y también para la libertad de expresión del ciudadano/a periodista, como vale para la libertad de expresión de cualquier organización o empresa —aunque sea estatal—, y también de la empresa de comunicación. Resulta cómico oír decir a gente de prensa que están completamente de acuerdo en que se debe luchar contra el racismo, para luego añadir que a la prensa se le debe dejar la libertad de publicar expresiones racistas. ¿Desde cuándo la prensa está exenta de las leyes del Estado?, ¿pertenecen los y las periodistas a otro planeta?, ¿no se les puede exigir con más razón que a nadie que se abstengan de sembrar ideas racistas y discriminadoras? De poco serviría que la población hiciera el esfuerzo de evitar expresiones racistas en la casa, en el campo deportivo o en el lugar de trabajo, si luego va a estar escuchando esas expresiones por la radio y la televisión. Amigos y amigas de la prensa (opositora): Si ustedes no están exentos de pagar impuestos, ni de cumplir las normas de tráfico, ¿por qué tendrían que estar exentos de cumplir la ley contra el racismo y la discriminación? Y si lo que demandan es que el tratamiento psicológico previsto para los funcionarios públicos se extienda también a determinados profesionales de la comunicación, propongan ahora mismo al Senado esa enmienda, que podría ser muy razonable…