El Editorial del periodico La Prensa que califica la adopción de la ley contra Enracismo como una batalla en la que hay ganadores y perdederos.

Los hechos demuestran que los medios no están solos en esta cruzada, sino acompañados por un mayoritario respaldo de la sociedad boliviana. ¿Quién ganó la batalla? ¿El Gobierno? ¿Los periodistas? Carece de todo valor referencial, al respecto, la sanción de esa ley que embozada como lucha contra el racismo acaba con uno de los fundamentos esenciales de la democracia, como es la libertad de expresión. Estaba previsto que la mayoría oficialista no hiciera otra cosa que acatar la orden presidencial de no modificar los artículos 16 y 23 del controvertido proyecto, cuya aplicación le servirá al Gobierno para suspender o revocar las licencias de los medios y además criminalizar la labor de los trabajadores de la prensa, a fin de intimidarlos y forzarlos a la autocensura. Analicemos ciertos hechos antes de respondernos a estas preguntas: pocas veces, periodistas y empresarios del ramo habían logrado cerrar filas contra gobierno alguno, como ahora lo han hecho. Acudieron varias veces a sitios públicos de las capitales de los departamentos del país, simbolizando con una venda en la boca el atropello gubernamental a derechos básicos del gremio. La frase “sin libertad de expresión no hay democracia”, impresa en espacios blancos de las primeras páginas de diarios de circulación nacional, además de alcanzar amplia repercusión internacional, caló muy hondo en muchos sectores de la población. Así lo demuestra la solidaridad ciudadana con la causa periodística, implícita en las más de 80.000 firmas de ciudadanos que en Santa Cruz respaldaron a los trabajadores de la prensa, mientras en La Paz y otras capitales hacía lo propio gente de diferente procedencia social. Incluso dirigentes de comunidades y sectores que antes formaban parte de los llamados “movimientos sociales” del MAS no vacilaron en tomar partido a favor de los periodistas, por considerar —así lo manifestaron— que la Ley Contra el Racismo no era sino un simple instrumento de coacción a la prensa y de anulación de sus libertades básicas. Así planteadas las cosas, una encuesta de opinión que se realizara ahora, con toda seguridad revelaría una pronunciada baja en los ya decrecientes porcentajes de aceptación ciudadana para el Gobierno que preside Evo Morales hace casi un lustro. Pero tanto o peor para el régimen masista es el mayor deterioro que en imagen y prestigio le provoca la aprobación de la controvertida Ley Contra el Racismo y la Discriminación en el exterior. El tema ocupó importantes espacios en los principales medios de comunicación del mundo. Titulares y comentarios proyectaban la imagen de un gobierno boliviano autoritario que daba fin con la libertad de expresión en Bolivia. El Gobierno tiene ahora al frente a una prensa congregada y dispuesta a no ceder en su lucha por la plena vigencia de libertades básicas que toda democracia debe respetar y precautelar. Los hechos demuestran que ella no está sola en esta cruzada, sino acompañada de un mayoritario respaldo de la sociedad boliviana. Igualmente, que su causa, como no podía ser de otra manera, goza de pleno respaldo en el exterior, no sólo por parte de la SIP, sino de gremios periodísticos que no aceptan este artero “rodillazo” gubernamental a las libertades de prensa en Bolivia. En definitiva, los hechos implican una clara derrota para el Gobierno de Evo Morales y una victoria moral para la prensa boliviana que, fortalecida, encabeza e impulsa una lucha que debe y tiene que ser de todos los bolivianos libres, que no están dispuestos a tolerar el amordazamiento de sus ideas.