Este editorial del peridico La Razón refiere mediads quealgunos medios de comunicación estarian asumiendo para evitar ser sancionados por la ley antirracismo y que califica como autocensura.

Los medios de comunicación han empezado a tomar medidas con el propósito de evitarse problemas por la aplicación de la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación, dos de cuyos artículos restringen la libre expresión de la opinión pública. La prensa nacional continúa en pie de lucha con una huelga de hambre y con la recolección de firmas para una iniciativa legislativa ciudadana que busca la anulación del artículo 16 y la modificación del 23 de la ley antirracismo. Esta movilización ha tomado cuerpo en diferentes departamentos, especialmente en Santa Cruz donde varios sectores se han adherido a la protesta. El artículo 16, al prever sanciones económicas e incluso la suspensión de la licencia de funcionamiento para los medios de comunicación que publicaren ideas racistas y discriminatorias, limita severamente el trabajo del periodismo y, no sólo eso, también condiciona la manifestación pública del pensamiento de los bolivianos en general. Esto, que no debería ocurrir nunca donde impera la democracia, llevó a algunos medios a poner las barbas en remojo: han comenzado a proliferar las advertencias a los entrevistados de que tengan cuidado a la hora de emitir sus criterios, así como también se están limitando los sondeos al vivo y suspendiendo las opiniones de los lectores en las páginas webs de los medios impresos. Autocensura, según el Diccionario de la Real Academia Española, es la “limitación o censura que se impone uno mismo”. En el ámbito de la comunicación social, se produce cuando el medio o el informador cede ante la presión que siente de fuentes oficiales o privadas, empresas o instituciones anunciantes, o de otros grupos o personas individuales cuya influencia lleva al periodista a cohibirse. En el caso que hoy capta gran parte de la atención en Bolivia, la autocensura llega por la amenaza que representa el artículo 16 de la ley antirracismo. Mientras suman las adhesiones de instituciones como la Iglesia Católica y los pedidos de flexibilidad como el del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Gobierno y el Tribunal Supremo Electoral polemizan sobre la viabilidad de la iniciativa legislativa ciudadana. El único camino para que este tema se resuelva de la mejor manera es el diálogo, y que el MAS se abra a la posibilidad de cambiar los artículos cuestionados.