La Constitución Política del Estado, en sus artículos 15 y 114, prohíbe en el país toda forma de tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. Los funcionarios públicos que cometan estos delitos serán destituidos y, en su caso, procesados por la justicia.

La Constitución Política del Estado, en sus artículos 15 y 114, prohíbe en el país toda forma de tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. Los funcionarios públicos que cometan estos delitos serán destituidos y, en su caso, procesados por la justicia.

Por eso indigna cada vez que se escucha de algún caso de tortura o tratos crueles por parte de funcionarios que están a cargo de determinadas instituciones, como solía acontecer durante las dictaduras que azotaron a la región en la década de los 70-80.

La denuncia de la existencia de un “bus de torturas” en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, que es utilizado para aislamientos y castigos, destapó una vez más que funcionarios públicos vulneran los derechos fundamentales de las personas, en este caso de privados de libertad que cumplen condenas en este recinto.

Un reportaje publicado por Página Siete da cuenta de que este bus habría sido el lugar donde se torturó y vejó al privado de libertad Cristofer Quispe, quien murió en prisión tras, supuestamente, haber recibido “brutales golpizas” por parte de un oficial de Policía durante al menos tres días.

El recluso incluso habría sido encadenado meses antes de su muerte y sufrido vejaciones por parte de otros privados de libertad, por órdenes de los policías.

¿Cómo es posible que sucedan este tipo de hechos que vulneran los derechos fundamentales de las personas? Se supone que en todas las instituciones públicas existen determinados sistemas de control internos que deben garantizar el respeto de los derechos humanos y la vida de las personas, a menos que exista una confabulación de todo el personal.

En más de una oportunidad se denunciaron casos de torturas en recintos policiales y cuarteles, con el saldo de personas fallecidas a causa de golpizas que recibieron por parte de funcionarios, quienes son responsables de cuidar a quienes están bajo su cargo.

En otro caso, una joven madre murió al interior de una celda de la Policía en La Paz, quien, según sus familiares tenía signos de violencia.

Estos casos deben ser investigados a fondo por las instancias pertinentes hasta que se esclarezcan todos los detalles con el fin de, si corresponde, sancionar a quienes utilizan los bienes del Estado y sus cargos para torturar, violentar o humillar a una persona que circunstancialmente está detenida, arrestada o aprehendida en una celda o cárcel.

Si no se esclarecen este tipo de casos, se estará dejando un funesto precedente y el mal ejemplo puede cundir entre funcionarios. Empero, al margen de las sanciones, es pertinente seguir capacitando a los funcionarios en el respeto a los derechos humanos y, mejor aún, contratar para estos cargos a personal idóneo, para que no se perpetren más torturas.