Un torturador (que siempre debe ser un funcionario público según el Código Penal) que mata a alguien torturándolo sólo puede ser condenado a 10 años de presidio.

La historia de la humanidad está llena de casos espeluznantes de tortura a que han sido sometidas personas por diferentes motivos. No ocurrieron sólo en Bolivia y forman parte de una inveterada costumbre de los poderosos para mantenerse en el poder y lograr fines inconfesables. La pasión y muerte de Jesús es un caso emblemático.

En Bolivia, en 1990 se produjo el caso del ciudadano peruano Evaristo Salazar, torturado hasta la muerte por un oficial de policía boliviano, buscando obtener la ubicación del lugar donde se encontraba secuestrado un empresario boliviano que, finalmente, perdió la vida en el operativo que aparentemente buscaba liberarlo. El autor de esa barbaridad, quien formó parte de la pandilla que en 1984 secuestró al presidente Hernán Siles Zuazo, nunca fue juzgado por ese hecho.

En 2019, el capitán de corbeta venezolano Rafael Acosta Arévalo murió por las brutales torturas a las que fue sometido por agentes del Sebin y la Dgcim de Venezuela. Los autores (sus camaradas) están libres y los gobernantes venezolanos que crearon esas instancias y alentaron su tortura y muerte también.

En junio pasado, Roman Protasevich, periodista crítico del régimen totalitario del bielorruso Aleksandr Lukashenko, quien fue detenido luego de que el avión civil en que volaba de Atenas a Vilnius fuera obligado a aterrizar en Bielorrusia, apareció, en una entrevista “voluntaria”, afirmando que se equivocó en denunciar al dictador, que ya no quiere meterse en política y que sólo desea formar una familia y tener hijos. Los opositores bielorrusos son brutalmente presionados para hacerles afirmar que se equivocaron.

Hace pocos días, se conocieron las brutales torturas a que son sometidos los presos en cárceles de Rusia. El informático bielorruso Sergey Savelyev tuvo acceso a infinidad de videos que muestran torturas atroces, practicadas por personal penitenciario y algunos presos especialmente entrenados.

En Bolivia, duele la muerte de María Fernanda Paucara, acaecida en dependencias de una EPI en Chasquipampa hace muy poco, con signos de tortura que descartan  la “teoría” de un suicidio con el lazo de su blusa. Espeluzna la muerte de Cristofer Quispe, a raíz de las brutales golpizas que, durante tres días, le infligió un oficial de la Policía, en un tenebroso bus de torturas en Chonchocoro, para “lavar la imagen” de un coronel.

¿Cómo se explica esto? ¿Cómo entender que existan seres humanos que hacen sufrir a sus semejantes, incluso a sus camaradas?

La formación que se da en las instituciones policiales y militares, que incluye no sólo las ideologías del servicio a la patria y la seguridad ciudadana, la defensa de la civilización occidental o de las revoluciones, sino prácticas perversas y sádicas con animalitos y con seres humanos, son una de las explicaciones de este macabro proceder.

Las hay más profundas, como el hecho de que los humanos tenemos un cerebro híbrido, entre nómada y sedentario, en el cual a veces predomina el primero, irracional y atrasado.

Ciertamente, el uso de la razón ayuda a combatir esto, pero, para que veamos cómo se “razona” en Bolivia, es útil recordar que el delito de terrorismo está sancionado con presidio de 15 a 20 años, con posibilidad de aplicarse la pena de 30 años de presidio sin derecho a indulto en ciertos casos, en tanto un torturador (que siempre debe ser un funcionario público según el  Código Penal) que mata a alguien torturándolo sólo puede ser condenado a 10 años de presidio.

Así estamos, en la Bolivia del siglo XXI.

Carlos Derpic es abogado