Los tres fallos en contra del Estado boliviano son una llamada de atención para que la administración de justicia se enmarque dentro del respeto a los derechos humanos.

En una semana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó tres fallos adversos en contra de Bolivia, es decir, declaró al Estado boliviano culpable de la vulneración de los derechos humanos de las personas que acudieron a este organismo internacional en busca de justicia y, en su caso, de una indemnización.

La CIDH se pronunció en los casos Blas Valencia, Juan Carlos Flores y Brisa, esta última víctima de violencia sexual que sufrió “revictimización” en el proceso judicial.

La CIDH falló en contra del Estado boliviano porque consideró que hubo violación a los derechos humanos de estas personas, uso excesivo de la fuerza, torturas, allanamientos desproporcionados y falta de atención médica, entre otros argumentos.

Los tres fallos en contra del Estado boliviano son una llamada de atención para que la administración de justicia se enmarque dentro del respeto a los derechos humanos.

En cualquier proceso judicial, sin importar quién o quiénes son los acusados, se debe respetar el debido proceso y brindar las mismas oportunidades a las personas que se defiendan en los tribunales de justicia.

No se puede, además, lograr una confesión mediante golpes o torturas, porque esas acciones van en contra de los convenios internacionales que protegen los derechos humanos de las personas.

La justicia debe partir del supuesto de que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, por lo que cada procesado debe tener la posibilidad de acceder a una defensa proba y recibir las medidas cautelares de acuerdo al delito por el que se lo acusa.

El espíritu de la justicia señala que incluso los delincuentes más avezados que han cometido crímenes execrables tienen el derecho a un debido proceso y no pueden ser torturados para que confiesen sus delitos. Por eso, el Estado boliviano debe ser garante de los derechos que tiene cada persona.

En el caso Blas Valencia implicado en el atraco armado a una remesa en 2001, el Estado deberá, según el fallo de la CIDH, indemnizar  a todas las personas que acudieron a este organismo internacional, dinero que saldrá de las arcas públicas y no del patrimonio de quienes cometieron la violación a los derechos humanos.

Pero, además de la indemnización económica, la imagen de Bolivia queda deteriorada en el ámbito internacional, como un país en el que aún está vigente la tortura y una justicia que apaña la violencia para conseguir que los procesados confiesen sus crímenes, cuando lo correcto es que se consiga lo mismo, pero con pruebas científicas.

El país tiene que encaminarse por la senda del respeto a los derechos humanos de las personas, sean estas las acusadas en los estrados judiciales o quienes buscan justicia por ser víctimas de algún delito.