En el ámbito de protección, el Estado debe estar preparado para identificar riesgos que puedan existir hacia las y los periodistas y actuar apropiadamente para mitigarlos.

Un medidor importante de la salud de un estado de derecho es la forma en la que la prensa puede ejercer su labor. De acuerdo a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH: "... las labores periodísticas y las actividades de prensa son elementos fundamentales para el funcionamiento de las democracias, ya que son los periodistas y los medios quienes mantienen informada a la sociedad sobre lo que ocurre y sus distintas interpretaciones, condición necesaria para que el debate público sea fuerte, informado y vigoroso”.

Los conflictos en Bolivia han visibilizado la situación de desprotección en la que se encuentran las y los periodistas. De acuerdo al periódico Los Tiempos, solo en Santa Cruz, 75 trabajadores y trabajadoras de la prensa sufrieron agresiones entre 2021, 2022 e inicios de 2023[1]. Según el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de Unitas, durante 2022, se registraron 202 vulneraciones a la libertad de prensa[2] y de éstas, 75 son agresiones a periodistas, 28 impedimento de acceso a la información, 24 casos se refieren a la estigmatización de periodistas, 24 al incumplimiento del Estado a su deber de protección a este gremio, 19 fueron amenazas al periodismo y 12 actos de criminalización. De acuerdo a la Red de Apoyo y Protección a Periodistas, en 2022 se registraron 127 casos de atentados a la libertad de prensa y ninguna sanción por estos hechos.

En el marco de las manifestaciones que iniciaron en Santa Cruz el 28 de diciembre de 2022 por la detención de Luis Fernando Camacho, fueron denunciadas varias agresiones contra periodistas. El Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos registró un total de 18 vulneraciones directas contra periodistas, trabajadores y medios de comunicación entre el 28 de diciembre y el 10 de enero.

El 11 de enero, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) emitieron un pronunciamiento repudiando la violencia desatada durante las movilizaciones en la ciudad de La Paz, y el 12 de enero, periodistas de medios estatales expresaron a través de un pronunciamiento su “militante apoyo y profunda solidaridad” con sus colegas de Bolivia TV Regional Santa Cruz, por las amenazas de las que son objeto debido a su labor periodística, las que hubieran provocado que se suspendan emisiones desde el 2 de enero y denunciaron que fueron víctimas de agresiones físicas y verbales mientras cumplían con su trabajo en manifestaciones en Santa Cruz.

En muchos de los casos, es la Policía la responsable de las agresiones, en otros, son particulares quienes protagonizan las vulneraciones contra la prensa. Dichas acciones no solo vulneran los derechos de la persona afectada, sino que además afectan la dimensión colectiva del derecho a la libertad de expresión. De esta manera, los actos de violencia que se cometen contra periodistas o personas que trabajan en medios de comunicación y que están vinculados con su actividad profesional violan el derecho de estas personas a expresar e impartir ideas, opiniones e información y además, atentan contra los derechos de las y los ciudadanos y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo, por otro lado, generan un efecto amedrentador.

El rol que desempeña el periodismo en el fortalecimiento de las democracias nos obliga a poner especial atención en quienes ejercen esa labor. “La agresión a un periodista representa un atentado contra los fundamentos de la causa de los derechos humanos y contra la sociedad informada en su conjunto. La violencia contra un periodista no es solo una agresión contra una víctima en particular, sino contra todos los miembros de la sociedad”[3]. 

En este marco, los Estados tienen diversas obligaciones en la materia. En el ámbito de la prevención, deben generar procesos de capacitación a las fuerzas de seguridad, incluso, establecer guías de conducta y directrices sobre el respeto de la libertad de expresión, asimismo, deben compilar y mantener estadísticas precisas sobre violencia contra periodistas para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas.

En el ámbito de protección, el Estado debe estar preparado para identificar riesgos que puedan existir hacia las y los periodistas y actuar apropiadamente para mitigarlos. Cuando se trate de una situación estructural sistemática, deben establecerse programas especiales de protección. Por otro lado, el Estado debe investigar, juzgar y sancionar a todos los autores de los delitos contra la prensa, tanto los materiales como los intelectuales, además de partícipes, colaboradores y encubridores, ello implica, entre otras cosas, llevar adelante los procesos penales en un plazo razonable, evitando dilaciones.

De manera especial, Los Estados están obligados a garantizar la seguridad de las mujeres periodistas, ello supone tomar en cuenta los riesgos específicos que enfrentan debido a las desigualdades de género y las prácticas sexistas en el fenómeno de la violencia contra periodistas.

Todos estos estándares parecen inalcanzables en la región. La sociedad debe entender la importancia del periodismo independiente y exigir su desarrollo libre y en condiciones de seguridad. La violencia contra periodistas es una forma de vulneración grave que compromete los derechos a la integridad personal, a la vida y a la libertad de pensamiento y expresión. Asimismo, la falta de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de todos los responsables puede generar una violación adicional a los derechos al acceso a la justicia y a las garantías judiciales de las personas afectadas y sus familiares.

Diversos organismos de derechos humanos[4] han recomendado al Estado boliviano garantizar el ejercicio de la libertad de expresión sin ningún tipo de hostigamiento a periodistas y trabajadores de medios de comunicación, así como el establecimiento de mecanismos de protección para defensoras y defensores de derechos humanos y para periodistas, y la adecuada investigación y sanción cuando ocurren vulneraciones. Como parte de nuestro compromiso con la democracia debemos vigilar que esas recomendaciones se materialicen en políticas públicas.

[1] https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20230101/75-trabajadores-prensa-santa-cruz-fueron-agredidos-impunemente

[2] https://redunitas.org/observatorio/

[3] Naciones Unidas. Asamblea General. Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns. A/HRC/20/22. 10 de abril de 2012. Párr. 24

[4] Examen Periódico Universal-EPU, Informe del grupo de trabajo, 34º período de sesiones del 4 al 15 de noviembre de 2019. Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico del Estado Plurinacional de Bolivia, 2 de junio de 2022