El 15 de enero de 1981, ocho dirigentes del MIR fueron asesinados por la dictadura de Luis García Meza y Luis Arce Gómez.

La historia los llamó héroes. Fueron ocho bolivianos que murieron acribillados por ametralladoras de paramilitares el 15 de enero de 1981 en la calle Harrington Nº 730 de la zona de Sopocachi, en La Paz.

Hoy, cuando ya pasaron cuatro décadas de este hecho, quienes fueron los directos afectados por la matanza perciben con desaliento que aún no se aprende el valor de la democracia.

“Ojalá que las muertes de ocho compatriotas bolivianos que estaban luchando contra la última dictadura militar de Bolivia, realmente hubiesen tenido impacto”, dice a La Razón la presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia (Asofamd), Ruth Llanos, aún desalentada por las lecciones no aprendidas del hecho.

Pudo servir “para que estudiantes, para que jóvenes de ahora, para que varias generaciones que surgieron y nacieron después de la conquista de la democracia hubiesen aprendido; pero no es así, estos últimos 40 años se dan en el contexto de lo que hemos tenido durante estos últimos meses —no hace mucho— en noviembre de 2019, en Bolivia también realizaron masacres”, reclama.

La denominada “Masacre de la calle Harrington” fue el preámbulo  del fin de los regímenes dictatoriales militares en el país.

“Fue una época muy dura.  Era terrible, porque había el toque de queda. Primero era hasta las ocho de la noche y luego nueve, once. Hubo muchos casos de gente que le faltaba unos metros para llegar a su casa y resulta que la tomaban presa porque se pasó del toque de queda. Un régimen totalmente de terror”, cuenta Beatriz Suárez, viuda de José Luis Suárez, uno de los ocho militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que perdieron la vida en la masacre.

Los otros fueron Arcil Menacho Loayza, José Reyes Carvajal, Ramiro Velasco Arce, Artemio Camargo Crespo, Ricardo Navarro Mogro, Jorge Baldivieso Menacho y Gonzalo Barrón Rendón.

“No sé cuánto de deuda tenemos con estos ocho maravillosos hombres que murieron para nada; para que todos se olviden, para que los utilicen una vez al año (…)”, cuestiona Llanos, quien dice que el amor infinito a la patria, a la democracia, a la libertad, a la justicia, lamentablemente no fue aprendido.

En 1993, después de un juicio de responsabilidades que se extendió por casi una década, el dictador Luis García Meza fue sentenciado a 30 años de prisión sin derecho a indulto.

Junto con él, también su ministro del Interior, Luis Arce Gómez, y 13 paramilitares más.

“La condena refleja lo que pasó. Lo que puedo decir es que García Meza nunca cumplió su sentencia porque fue cobijado bajo las cálidas mantas de Cossmil y se enfermó todo el tiempo; nunca cumplió sus años en Chonchocoro. Arce Gómez estuvo en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Él si cumplió sus días, pero varios ya salieron aprovechando del COVID-19, y ahora estarán felices en sus casas, aprovechando de los recursos mal habidos”, comenta Llanos.

Para Suárez, el que los familiares de las víctimas de la dictadura hayan ganado un juicio de responsabilidades contra García Meza fue un gran logro.

“Ha sido un gran paso, porque García Meza ha sido el primer dictador condenado y tomado preso en América Latina. Es evidente que hay cosas que no se pueden recuperar, como la vida: el criar a nuestros hijos sin padre. Eso no tiene precio y no se puede recuperar con nada”, apunta.

Fernando Rodríguez, de la Comisión de la Verdad, afirma que de manera paralela a la Masacre de la calle Harrington hubo investigaciones sobre otros hechos ocurridos durante la dictadura de García Meza.

“Sin embargo, la Comisión de Verdad ha ratificado algunas hipótesis que se plantearon, una de ésas fue que si bien hubo enfrentamiento, aunque no estaban armados los dirigentes del MIR, algunos salieron con vida y fueron conducidos a una camioneta”.

“Nos dieron unos certificados de defunción que ya estaban preparados, en los que decía que murieron por herida de bala en el cráneo, lo cual era mentira. Mi marido salió con vida, lo torturaron y mataron en el Estado Mayor, tenemos testimonios y testigos de ello”, recuerda Suárez, que corrobora la hipótesis de la Comisión que concluyó sus labores en 2019, cuando presentó un informe pormenorizado al gobierno de Evo Morales.

Pese que hasta el momento las investigaciones por la Masacre de la Harrington estarían concluidas, existe la amargura de quienes quedaron sin sus seres queridos.

“Hay culpables que están sueltos; seguro. Pero después del ‘juicio del siglo’ que se llamó, fue un paso muy importante que se dio; hicimos meter presos a muchos de esos paramilitares. No a todos (…), pero sin duda hay gente a la que se juzgó”, remarca Suárez.

Aún queda pendiente mucho por decir, mucho por corregir y sobre todo mucho por aprender de ese episodio oscuro. “Tuvimos un triunfo y tampoco se lo reconoce”, cuestiona Llanos.

Las víctimas de la calle Harrington

José Luis Suárez. Fue docente de Sociología en universidades e institutos castrenses. Fue dirigente de los catedráticos y presidió el frente universitario del MIR.

Ricardo Navarro. Fue ingeniero, docente universitario y dirigente de la Federación Universitaria Local (FUL) de la UMSA y del frente universitario del MIR.

Artemio Camargo. Fue secretario general de la mina Siglo XX, primer secretario de Conflictos de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia.

José Reyes Carvajal. Dejó la carrera policial y estudió Derecho en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) a sus 22 años. Luego pasó a la carrera política.

Ramiro Velasco. Fue economista, docente universitario de Macroeconomía. Entre 1974 y 1975 estudió un curso de posgrado en Planificación en Varsovia (Polonia).

Arcil Menacho Loayza. En 1955 fue encarcelado por luchar contra las dictaduras. Gran parte de su vida la pasó en la clandestinidad. Fue el mayor del grupo.

Gonzalo Barrón. Desde el colegio fue dirigente, estudió Arquitectura y para entonces ya era parte del MIR. Participó en luchas de reivindicación universitaria.