En Bolivia, cada dos días una mujer es asesinada.

Leny Chuquimia / La Paz

“Tenía la esperanza de  que esté viva... no dejé de buscarla”, señala Peregrina Ustáriz,  mamá de Beatriz García, una joven  reportada como desaparecida el 12 de agosto de 2017 en el trópico de Cochabamba. Su  feminicidio estuvo oculto por años en una fosa cavada  en la casa de su asesino. Muy cerca yacían otras tres víctimas.     

Con cinco crímenes ocultos bajo tierra (cuatro en Cochabamba  y uno en Santa Cruz),  los feminicidios en Bolivia en  dos meses de 2021 ya  suman 24. El 8 de marzo, Día de la Mujer, llega en medio del luto.

 “¿Cómo es posible que cuatro mujeres desaparezcan tan fácilmente de su entorno social? Cuestionamos la ausencia de una investigación efectiva y oportuna cuando ocurre una desaparición”, indica  la abogada  de la Fundación Voces Libres, Mercedes Cortez. 

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que los casos recientemente descubiertos que estremecieron al país son asesinatos seriales. “Viene el 8 de marzo,  el pueblo debe unirse para proteger a nuestras mujeres y  que no exista más violencia”, sostuvo.

 Un cementerio de feminicidios

 Peregrina no halla consuelo en  la  reciente confirmación de la muerte de su hija, cuyo hallazgo parece salido de una novela de terror.  “Con el de mi hija eran cuatro cuerpos enterrados en una casa, para mí eso es un cementerio de desaparecidas... de feminicidios. Seguro hay más,   tantas jóvenes desaparecen en el trópico, debe haber justicia para todas”, lamenta. Su hija fue la tercera, de cuatro víctimas halladas en el sector Tres Arroyos, de Villa Tunari. Todas permanecían a la central cocalera Yungas Trópico y habían desaparecido en la zona entre 2017 y 2020. El asesino era el mismo.    

El 20 de diciembre, la Policía recibió la denuncia de la desaparición de Mónica Olmos. Por 52 días  la Felcc, la Felcn y el Ministerio Público  realizaron entrevistas, triangulaciones e intervenciones de líneas telefónicas. El operativo  dio con David Zapana, primo de Mónica, y   Omar Fernández, que  confesaron la autoría del crimen por encargo  de la expareja de la víctima, Dennys Guevara.

El cuerpo de Mónica fue encontrado cerca el domicilio de Omar, bajo tierra y con signos claros de haber sido violada y estrangulada. Su hallazgo destapó otras tres  desapariciones que resultaron ser crueles  feminicidios.

“No pensamos que él era así  (Omar) cuando vimos lo de Mónica sospechamos” explica la madre de Nayeli Lizarazu. Su hija desapareció  el 15 de febrero de 2020 cuando aún tenía 18 años. Su cuerpo fue hallado por  un equipo de canes  entrenados, 14 días después del hallazgo de Mónica. Apenas a 10 metros de su fosa.

  “El autor reconoció que victimó a Nayeli y a otras dos mujeres. Con sus declaraciones se consiguió  ubicar los cadáveres. Se investiga los móviles que  se presume pueden ser: pasionales, económicos o por ajuste de cuentas”, explica el comandante  de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) Cochabamba, Rolando Rojas.

  El 1 de marzo, los canes y la Policía retornaron al terreno para rastrillar  los alrededores de las primeras fosas. En una nueva excavación se halló   el cuerpo de Beatriz. Ya no quedaban rastros de sus facciones en los    restos amarrados  en un gangocho  (bolsa). 

El mismo día, se encontró el cuerpo de  Margarita Maldonado, que había desaparecido el 17 de septiembre de 2019.  Cuando tenía 25 años. Su ropa fue la que permitió su identificación. 

 Aunque se encontraban en grados de descomposición,  los cuerpos presentaban lesiones similares; también era similar  la forma en que fueron enterrados para ocultar los crímenes. Dos  fueron cubiertos con cal y  otros presentaban golpes en la cabeza.

 Las cuatro  estaban declaradas como desaparecidas y sus afiches fueron compartidos miles  de veces en las redes sociales. Desaparecieron en la misma zona, pertenecían a la misma central sindical, tenían al asesino como amigo en común, pero aún así sus desapariciones no llamaron la atención.

Una desaparecida en Santa Cruz

 “Justicia, es lo único que pido para mi hija. Vinimos de una comunidad muy lejana para llevar a mi hija  con su hijo”, señala Doris Faldín, mamá de Gina Macoño, víctima de feminicidio,  cuyo cuerpo fue encontrado tras un año.      

El 10 de marzo de 2020, Gina Macoño dejó San Ignacio de Velazco junto a su pequeño hijo y su pareja Yeri Dorado, para ir a Santa Cruz. Desde entonces la familia perdió todo contacto    y no volvió a saber de ella.

Su desaparición no fue declarada hasta el 12 de julio de 2020 debido a la pandemia y porque durante  esos meses  Yeri afirmó que   Gina  había abandonado a él y a su hijo para irse con otra persona.

 Sin embargo, ella había sido victimada por el padre de su hijo. No fue hasta que lo aprehendieron,  el 26 de febrero,   que confesó que la había asesinado el 2 de abril del año pasado y enterrado su cuerpo cerca el cordón ecológico  por el Cuarto Anillo  de Santa Cruz. 

 Cavó el hoyo en el que la enterró, con el mismo cuchillo con el que le propinó  seis puñaladas. Fue él mismo el que guió a la Policía para exhumar los restos  de Gina y entregarlos a sus padres.   

“El sistema judicial presenta  falencias y cuellos de botella, hay conciliaciones,  trabas judiciales y tiempos burocráticos. A consecuencia   se produce el abandono de las denuncias. Además hay un a rotación del personal capacitado. Tal vez por alguna de esas cosas  fue que no se resolvieron estos  casos antes”, indica el comandante de la Policía, Jhonny Aguilera.

Sin cifras, sin seguimiento  y sin tecnología para actuar oportunamente 

“En Tres Arroyos, llama la atención que  entre 2017 y 2020 no se haya hecho seguimiento a las desapariciones, aunque  se hayan dado en el mismo entorno”, señala Ángela Nogales del colectivo Mujeres de Fuego.

       Indica que las unidades de trata y tráfico no están fortalecidas y los protocolos retrasan  las acciones cuando las primeras 24 horas son vitales. Observa  que hay un problema de tecnología y de personal especializado. 

     “Tampoco tenemos cifras de las desaparecidas, no hay una instancia que haga seguimiento de los casos. No se sabe cuántas mujeres desaparecen, cuántas se encontraron o cuántas investigaciones llegan a su fin y con qué resultados”, sostiene.  

Mercedes Cortez indica que cuando se denuncia la desaparición de una adolescente o una mujer,  la Felcc imprime una foto con los datos para pegar en lugares claves o  difundirla  en las redes, pero no las buscan porque suponen que se escaparon con sus novios o que abandonaron su hogar por otros intereses.  

“Hay que cruzar datos con la Felcv  y  firmar acuerdos con las  telefónicas para que efectúen, con rapidez y prioridad, las triangulaciones que permitan ubicar a las desaparecidas  e identificar a quienes  se contactaron con ellas. Tras lo sucedido en el Trópico, urge  que toda desaparición sea investigada de manera inmediata”, sostiene.

Para Del Castillo muchas muertes pueden evitarse  con el uso  oportuno  de la tecnología, pero     actualmente,   la Felcc y el Ministerio Público no pueden acceder a  información en tiempo real. Por ello se buscará firmar un convenio con  Entel, Tigo y Viva para contar con esta información en menos de 24 horas.

 “En medio de las  investigaciones de feminicidios o asesinatos la  telefónicas tardan hasta tres o cuatro semanas  en responder a un requerimiento fiscal. Si se tuviera la información en el momento  en el que  se recibe una denuncia, podríamos esclarecer los hechos de forma oportuna y evitar más muertes”, afirma.

Una mujer es  víctimada cada dos días 

Según datos del Ministerio Público, entre el 1 de enero y el 2 de marzo, 24 mujeres fueron víctimas de feminicidio en todo el territorio nacional. Es decir que una mujer es victimada de forma cruel y  violenta cada dos días en un  acto final de toda una cadena de violencia. 

Siete de los crímenes fueron perpetrados en el departamento de  Cochabamba, cinco en Santa Cruz, cuatro en La Paz, dos en  Oruro, dos en  Potosí,  dos en Beni,  uno en Pando  y otro en  Chuquisaca. Cabe resaltar que estas cifras representan solo a los casos que fueron reportados ante la justicia, ya que muchos de los asesinatos quedan ocultos. 

“Es necesario saber cuál es la realidad cuantitativa y cualitativa, no solo de los casos denunciados, sino de los que  no tienen la  posibilidad de llegar a este punto o que por alguna razón se decide no hacerlo. Este análisis debe darse con suma urgencia”, señaló  Paola Gutiérrez,  miembro  de Mujeres Creando La Paz. 

Gutiérrez  fue parte del conversatorio Los  feminicidos, la otra pandemia, en la que participaron activistas  de  todo el eje troncal. Estimó que las estadísticas oficiales apenas cubren, si acaso, un 20% de las cifras reales de crímenes contra las  mujeres.

Ángela Nogales, del colectivo Mujeres de Fuego, señaló que durante la emergencia sanitaria  las mujeres enfrentaron no solo a la Covid-19, sino también a la pandemia de la violencia y los feminicidios. Pero lastimosamente esta situación no es priorizada. 

  “En varios  feminicidios, descubrimos que los  casos  tenían antecedentes, que las víctimas habían ido al IDIF, al SLIM,  ala Felcv o la  Defensoría. Pero no hay prioridad para las  mujeres, no logran conseguir los requerimientos, al perito o que se acepte su denuncia”, explicó Nogales.

      La abogada de Mujeres Creando en Santa Cruz, Arleti Tordoya, indicó que el camino penal es largo y tortuoso y que por ello debe haber salidas para que la mujer pueda salir de la violencia. Añadió que es necesario que la atienda a las mujeres sea integral y con personal capacitado que no sea policía. 

“La impunidad no es un problema solo de la mujer sino que refleja  la sociedad”, dijo.

 6.332 casos de violencia de género

Hasta el 28 de febrero, en el país se registraron 6.332 casos de violencia contra la mujer inmersos en la Ley   348, según datos de la  Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil.

  “El trabajo que estamos realizando es para mejorar la atención a las víctimas de violencia de género y poder agilizar los procesos penales evitando la impunidad”, dijo la directora de esta entidad, Pilar Díaz

La mayor incidencia de estos delitos está en el departamento de Santa Cruz, que presentó  2.241 casos. Le siguen  La Paz con 1.175, Cochabamba con  997, Tarija con  610 y Potosí con  529. En Chuquisaca los reportes ascienden a  328, en Beni a 216, en  Oruro a 170 y en  Pando a 66.

 Díaz adelantó que para facilitar el acceso de la víctimas a la justicia,    el 8 de marzo, el Ministerio  Publico inaugurará  las denominadas  salas de recepción de denuncias verbales. Estas serán instaladas   en las nueve fiscalías departamentales  del país.

Añadió que esta implementación estará acompañada de una serie de actividades relacionadas al Día Internacional de la Mujer.  Entre ellas un conversatorio virtual que contará con expositores internacionales   y  la participación  del Órgano Judicial,  el Tribunal Constitucional Plurinacional y otras  instituciones involucradas.

 “Esperamos poder realizar y concretar buenos acuerdos para mejorar la atención integral de estas víctimas que se encuentran en situación de violencia”, manifestó  Díaz. 

 La pandemia  y su incidencia en la violencia de género o el alcance y eficacia de las medidas de protección previstas en la Ley  348, durante la emergencia sanitaria,  serán algunos temas a tocar.