Las niñas de 10 a 14 años que fueron víctimas de violación no se dan cuenta de si están en gestación.

Niñas  que quedaron embarazadas a consecuencia de una violación viven un drama por el incumplimiento de protocolos y la  falta de atención oportuna.  Uno de los casos más recientes que conmovió al país  ocurrió  en Santa Cruz, donde una víctima  de 14 años  con 26 semanas de gestación fue  sometida a una interrupción legal del embarazo. Después del proceso médico,  el bebé nació con vida. 
 
“Nunca se cumplen los plazos porque  la justicia es lenta, los servicios de salud son  inaccesibles y  las familias (de las víctimas) tienen miedo”, dijo   la activista y feminista  Sonia Montaño.

Con una mirada similar, la activista y miembro de la Campaña 18 de Septiembre en Bolivia Alexandra Escobar lamentó el incumplimiento de los protocolos de atención a las víctimas de violencia sexual. Indicó que  los médicos “son los primeros” en no actuar  de forma inmediata, cuando se conocen estos casos.

De acuerdo a la Sentencia Constitucional 0206/2014, en Bolivia  se puede recurrir a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) si  la gestación  es producto de una violación o si la vida de la mujer está en riesgo. Esta solicitud se debe realizar a  un centro de salud público o privado, presentando únicamente la copia de la denuncia del abuso sexual.

En estos casos, el  procedimiento técnico para la prestación de servicios de salud en el marco de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014,  aprobado en 2015,  garantiza que la ILE se realice “dentro de las 24 horas de haberse realizado la solicitud de la paciente”.

Escobar dijo que esa disposición no se cumple en los centros de  salud y no la ejecutan los galenos. “El incumplimiento es del médico, porque él debe realizar la interrupción y no lo hace de forma oportuna”, dijo.

Según  el viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, la actual norma “no es clara”  porque no establece un tiempo o hasta qué etapa de un embarazo es permitida la   interrupción. “La anterior norma daba plazos; ahora, no”, dijo.

Para Escobar, otra instancia que demora el proceso es la Defensoría de la Niñez, ya que cuando  una niña de 10 o 14 años presenta su denuncia, muchas veces “no le creen” e  iniciar una investigación para comprobar aquello.

Otra  activista, Patricia Flores, dijo  que  la gran  desigualdad en la atención en salud para interrumpir un embarazo  es uno de los óbices de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, adolescentes y mujeres. “Datos existentes evidencian que las mujeres más pobres tienen menos posibilidades de contar con condiciones para un aborto seguro, y se enfrentan a mayores riesgos de muerte producto de procedimientos clandestinos, inseguros y  desinformados”, aseguró.

Según Flores, esta situación coloca en “un desafío permanente a la salud pública, más aún cuando  hay grandes precariedades”. Lamentó que para los operadores de justicia todavía  el aborto sea visto dentro de las  prácticas punitivas. “Se deberían mejorar los protocolos y aplicarlos, porque hay un desconocimiento de su existencia, hay desconocimiento de que una violación es un  flagrante atentado a los derechos humanos, que es un crimen”, comentó.

Escobar aseguró que otro de los factores que retrasan la ILE es el desconocimiento de las niñas sobre el embarazo. “Muchas veces las víctimas de 10 e incluso 14 años no saben que están en gestación  y por eso no acuden de forma temprana al centro de salud”, lamentó.

Y este fue el caso de la adolescente de 14 años que fue abusada sexualmente por su jefe.  Junto a su familia, la víctima  acudió a las 22 semanas de gestación al Hospital Percy Boland de la ciudad de Santa Cruz, para solicitar  la Interrupción Legal del Embarazo. Pero para la intervención esperó cuatro semanas porque los ginecólogos de cada turno  del hospital presentaban “objeción de conciencia”.

 “Esa no fue una interrupción, fue un adelantamiento del parto”, dijo  Escobar, respecto a que luego del proceso médico  nació el bebé.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, expresó que   “es inconcebible que se interrumpa un embarazo a más de seis meses de gestación. Ahora es deber de los médicos y del Estado defender la vida de un ser humano vivo y es necesaria mayor regulación jurídica o jurisprudencia del tema”.

Casos  recientes

• Luto  En abril de este año, una  niña de 11 años, quien era víctima de violación desde 2018 por parte de un hombre de aproximadamente 57 años, murió  luego de complicaciones derivadas del aborto al que la indujo su agresor. El hecho se registró en  una comunidad del norte de La Paz.
• 29 de mayo   Con apenas 11 años de edad, una niña   fue víctima de violación en reiteradas ocasiones por dos agresores. Uno de ellos fue su padrastro y el otro un adolescente de  13 años, ambos del entorno familiar. Los abusos se registraron en la comunidad de Villa Rojas del departamento de Pando. Producto de los ataques, la pequeña tiene cuatro meses de embarazo.