El promedio de la pensión mensual pagada en agosto del año pasado por las AFP fue de unos 220 dólares. Esa cifra llegará hoy a alrededor de 400 dólares.

El presidente de Chile, el conservador Sebastián Piñera, anunció  una reforma al criticado sistema de pensiones, que pasa por un aumento del 6% en las cotizaciones con aporte de empleador y el Estado.  

Actualmente rige un esquema que  se basa en la capitalización individual y el ajuste se da  cuando están a punto de cumplirse tres meses del grave estallido social que vive el país austral.

La iniciativa, que se presentará al Parlamento, pretende implementar un aumento gradual del 6% en las cotizaciones, que pasarían del 10% actual hasta el 16%. Un 3 % del incremento de la cotización lo pagará el empleador, se sumará al 10% actual e irá a la cuenta de ahorro individual del trabajador.

El otro 3% también estará a cargo del empleador, contará con un aporte inicial del Estado y se destinará a un fondo público, denominado Fondo de Ahorro Colectivo y Solidario.

Este fondo es otra de las novedades que presenta la reforma y sumará un pilar de ahorro colectivo al sistema previsional chileno para entregar “un aporte adicional a los jubilados actuales y futuros y beneficiará de manera especial a las mujeres, la clase media y los adultos mayores con dependencia severa”, explicó Piñera en la presentación.

En la actualidad, el modelo de pensiones de Chile se basa en el ahorro individual obligatorio gestionado por empresas privadas, las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y en una pequeña participación estatal a través del llamado Pilar Solidario, dirigido a los más pobres y a quienes tienen las pensiones más bajas.

Esta reforma permitirá un aumento de 56.600 pesos mensuales (cerca de 73 dólares) para los hombres, lo que significa un aumento promedio de 20% de sus pensiones y beneficiará a más de 500.000 pensionados.

En el caso de las mujeres el beneficio será de 70.800 pesos al mes (unos 91 dólares), lo que significa un aumento promedio de 32% de sus pensiones y va a beneficiar a más de 350.000 pensionadas, según dijo Piñera.

“Con estas reformas, se garantiza que ningún pensionado quede por debajo de la línea de pobreza y que las pensiones de aquellos que hayan cotizado por 30 años o más estén siempre por encima del monto actual del salario mínimo”, que es de 300 mil pesos chilenos (cerca de 400 dólares), señaló el mandatario.

El promedio de la pensión mensual pagada en agosto del año pasado por las AFP fue de unos 220 dólares.

El Presidente dijo que esta reforma “representa un cambio estructural” del modelo de pensiones y apuntó otra serie de novedades como la apertura de la administración de los fondos de pensiones a otros actores que no sean las AFP, como sociedades sin fines de lucro o cooperativas de afiliados para “fortalecer la competitividad de la industria”, entre otras cosas.

“Chile ha sido un país ingrato con nuestros adultos mayores. Uno de los grandes temores que acechan a muchos de nuestros ciudadanos, además de la enfermedad o la delincuencia, es no tener los recursos necesarios para enfrentar con dignidad la tercera edad”, reconoció Piñera.

Ideado por José Piñera, uno de los hermanos del  mandatario, el sistema  instaurado en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990)   ha sido cuestionado en las calles.  La gente  pide un  modelo más solidario.
 

Aprueban ley que sanciona saqueos y violencia en protestas

El Congreso de Chile aprobó ayer un polémico proyecto de ley que sanciona los actos violentos y saqueos durante manifestaciones, presentada en noviembre por la administración de   Sebastián Piñera en medio de las protestas y disturbios que desde hace tres meses sacuden al país.

Con 87 votos a favor frente a 56 en contra, la ley fue aprobada en la Cámara de Diputados. Ahora deberá ser promulgada por Piñera, quien la envió como medida para aplacar las acciones violentas al margen de las manifestaciones que se suceden desde octubre.

El texto –que ya había sido aprobado en el Senado “plantea sanciones para quien interrumpa completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública; a quien lance a personas o vehículos que se encuentren en la vía pública instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes; y para quienes roben o hurten con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público”, dijo la Cámara de Diputados en un comunicado

La oposición acusó al Gobierno de promover la ley para criminalizar la protesta social que reclama   reformas contra la desigualdad, el sistema de pensiones y una reforma de la Constitución. (AFP)