El presidente Evo Morales promulgó la Ley Antirracismo que por tanto rige desde ayer. Sin embargo, el oficialismo carece aún de un criterio común sobre los contenidos del reglamento que definirá los alcances y sanciones. Evo Morales llamó a los periodistas a concertar este instrumento

El Primer Mandatario señaló que con la norma se eliminará toda expresión que melle la dignidad de campesinos, indígenas y los pobres del país, que ahora tendrán derecho a acceder a cualquier lugar del Estado Plurinacional porque se acabaron los privilegios que tenían “unos cuantos”. "Por fin aprobamos una ley para acabar con el racismo y la discriminación. El cambio en Bolivia es irreversible", dijo y luego agradeció a los asambleístas por la aprobación. Aseguró que los artículos 16 y 23 de la nueva ley no atentan contra la libertad de expresión ni contra la democracia, y añadió que con la aplicación de la norma se acabará con el racismo y discriminación que sintió contra su autoridad en artículos publicados en diversos medios de comunicación. Asimismo, el Jefe de Estado volvió a convocar a los periodistas para dar forma a la reglamentación de la ley. "El diálogo está abierto para elaborar una reglamentación de forma conjunta con los trabajadores de la comunicación, representantes de los organismos de defensa de los derechos humanos y las organizaciones que agrupan a las víctimas de estos hechos, en especial los pueblos indígenas y sectores empobrecidos de la población". LEGISLATIVO. En tanto, en la Asamblea no se tiene clara la idea de bajo qué base conceptual se realizará la reglamentación relacionada con la labor de los medios de comunicación. Al ser consultado acerca de qué aspectos específicos deberían ser tomados en cuenta por los medios de comunicación para evitar una penalización en el marco de la nueva ley, el presidente del Senado, René Martínez, dijo que la difusión “permanente” de acciones de racismo serán sancionadas. “Cualquier medio de difusión que pueda estar permanentemente amplificando acciones de racismo y discriminación debería ser sancionado”. Sobre las definiciones de racismo y discriminación que se aplicarán para emitir una sanción, Martínez afirmó: “Estamos hablando de conceptos en la norma, es decir, supuesta superioridad de un estamento o discriminación de no participación legítima, cuando la ley reconoce la igualdad de derechos”. Ante la misma consulta, la diputada Marianela Paco, quien preside la comisión en la cual se trabajó la ley, afirmó que la población y los medios deberán respetar y cuidar la dignidad de las personas. “Cuando existe una carga emocional de odio que tiene intención de justificar privilegios, convierte en delito la discriminación”. El presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, tiene su propio criterio acerca de cómo se puede medir la discriminación y la carga de racismo cuando alguien utiliza un calificativo peyorativo. “Para qué le vamos a dar más vueltas, no trataremos de tergiversar. (La ley) es para llevarnos bien, para que haya igualdad entre bolivianos y para que seamos solidarios”, dijo. APLICACIÓN. Arce explicó que la Ley Antirracismo se aplica y rige a partir de ayer, a excepción de los artículos que necesitan de una reglamentación correspondiente como es el caso del 16. “La norma está en vigencia, pero hay partes que necesitan de una reglamentación para su efectivización, como el artículo 16”. La diputada de oposición Norma Piérola aseguró que es una “incongruencia” aplicar una ley cuando no existe la reglamentación correspondiente. “Cómo un juez podría aplicar una sanción si no sabe cuándo se constituye en delito o no”, cuestionó. Difusión y objetivo El artículo 23 de la Ley Antirracismo referido a la Difusión e Incitación al Racismo o la Discriminación, establece en su parágrafo II que “cuando el hecho sea cometido por un/a trabajador/a de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”. La citada norma estipula como objetivos eliminar conductas de racismo y toda forma de discriminación, y consolidar políticas públicas de protección y prevención de delitos de racismo. El reglamento tendrá un nivel sólo para la prensa La reglamentación de la Ley de Lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación tendrá tres niveles de aplicación: educación, administración pública y medios de comunicación, informó ayer la asambleísta Marianela Paco (MAS), una de las proyectistas de la norma. “El reglamento diferenciará cada una de las realidades, como el ámbito de la administración pública, hará efectivas las políticas educativas de difusión y comunicación; y otro estará referido a los criterios que se puedan establecer para la suspensión o las sanciones económicas a los medios de comunicación, y diferenciar a propietarios, periodistas y trabajadores”, explicó ayer. La diputada reiteró que toda la población y las organizaciones están convocadas a trabajar en el reglamento, para cuya elaboración se tiene un plazo de 90 días, a partir de la promulgación de la ley. En la parte operativa, la norma señala en las disposiciones finales que el Ministerio de Culturas se encargará de la reglamentación. Ayer, se informó que la labor fue encomendada al portavoz del Gobierno, Iván Canelas; y al viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas. Paco dijo que mientras se defina la reglamentación, la ley puede ser aplicada sólo en casos extremos. “Sin reglamentación se puede aplicar la ley, pero se aplica en casos extremos y no creo que los periodistas incurran en ellos”. Consultada acerca de cuáles serían los casos extremos, dijo: “Los extremos son decir indio de mierda, por ejemplo. Desde hoy empieza el cuidado de las personas y la reflexión profunda. Ahora lo que se debe hacer es cuidar la dignidad de las personas ”, especificó la asambleísta sucrense.