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Dictadura: PGE firma acuerdo de reparación a la viuda de Juan Carlos Flores


2020-10-23
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Página Siete

La Procuraduría General del Estado (PGE) informó este viernes que se llegó a un Acuerdo de Solución Amistosa de partes con Adela Hortensia Villamil Calvimontes, viuda del diputado Juan Carlos Flores Bedregal, asesinado el 17 de julio de 1980 en el asalto a la Central Obrera Boliviana (COB).

La Procuraduría General del Estado (PGE) informó este viernes que se llegó a un Acuerdo de Solución Amistosa de partes con Adela Hortensia Villamil Calvimontes, viuda del diputado Juan Carlos Flores Bedregal, asesinado el 17 de julio de 1980 en el asalto a la Central Obrera Boliviana (COB).

La PGE firmó este acuerdo de partes con Villamil debido a la vulneración de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos para la reparación de todos sus beneficios.

A través de un contacto desde Suiza, Villamil manifestó que era una satisfacción poder legar a un acuerdo amistoso después de tantos años. "Si bien Juan Carlos Flores Bedregal ha muerto por esta democracia que estamos disfrutando todos lo bolivianos, es importante recordar que sus ideales permitieron construir una nueva generación con esos ideales de valor, de lucha y respeto", indicó.

El hermano de Flores, Francisco, señaló que su familia no solo sufrió el asesinato, sino la desapararición del cadáver,que no fue encontrado por mucho tiempo.

"Hoy es un día muy importante, quiero agradecer al procurador que tomó esta situación con la mayor objetividad, pensando en el estado de derecho, este reconocimiento no es para él (Juan Carlos) porque ya está más allá, es importante para el estado de derecho de Bolivia porque después de 40 años se haga justicia, que el estado reconozca y asuma su responsabilidad y lo acepte es un hecho sumamente importante", manifestó Francisco.

El 4 de marzo de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) transmitió al Estado boliviano la demanda presentada por Villamil en referencia a la vulneración de sus derechos fundamentales debido a que no se le había otorgado una renta vitalicia.

Junto con el Consejo Estatal de Soluciones Amistosas en Materia de Derechos Humanos y la parte peticionaria se logró el arreglo acorde a los estándares interamericanos de derechos humanos después de una década, informó la Procuraduría.

La familia de Flores presentó la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2009 y esta institución emitió un Informe de Fondo, en el que consideró que hasta esa fecha no había un esclarecimiento completo de lo que sucedió con la víctima, incluso el paradero de sus restos, debido a que se activaron “múltiples mecanismos de encubrimiento”.

En 2019, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) decidió llevar al banco de los acusados al Estado boliviano, luego de abrir la investigación por la desaparición forzada de Flores, víctima de la dictadura de Luis García Meza (1980-1981).

Flores fue dirigente del Partido Obrero Revolucionario (POR) y diputado nacional. Desapareció en julio de 1980, durante el golpe militar. Él, Marcelo Quiroga Santa Cruz y Gualberto Vega estaban en la sede de la COB cuando se produjo la violenta intervención.

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