Editirial del periodico Cambio sobre la Ley para las Personas con Discapacidad a la que califica como una ley histórica y un avance en la inclusión social.

Editorial Con la Ley para Personas con Discapacidad, el Gobierno ha dado un nuevo paso hacia la consecución de una justicia social en Bolivia. Con la promulgación de la Ley General para Personas con Discapacidad, el Gobierno ha dado un nuevo paso hacia la consecución de una justicia social en Bolivia que sea extensible a todos los ciudadanos sin excepción. La ley ha sido consecuencia del diálogo que se impuso para lograr acuerdos por encima de las presiones movidas hasta por intereses políticos que utilizaron las justas reivindicaciones del sector con el fin de provocar conflictos que impidan la normalidad del país. Esos sectores radicales de oposición no han tenido la capacidad y apertura suficientes para comprender que la nueva Constitución Política del Estado de Bolivia, promulgada en febrero de 2009, es la única que incorpora en su seno artículos que reconocen los derechos de las personas con discapacidad. En otras naciones, esas reivindicaciones solamente forman parte de medidas coyunturales o decretos que no inciden en la profundidad de las reivindicaciones y la inclusión de esos sectores al pleno goce de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. La ley fue promulgada en cumplimiento de los objetivos que se ha fijado la actual administración para encaminar transformaciones estructurales en el Estado a fin de que esté al servicio de todos los ciudadanos. De esa manera, la ley es histórica y un avance en el proceso de inclusión de otro de los sectores sociales que en el pasado fueron abandonados por el Estado y que hoy ven reconocidos sus derechos. Una vez promulgada la ley, para aplicarla resta la elaboración del reglamento que asiente más los pasos que deben darse en procura del objetivo mayor, que es la solución de las reivindicaciones de las personas con discapacidad. La reglamentación será fruto igualmente del consenso y de la consulta en el seno de comisiones mixtas especiales y no de escritorios de la burocracia, como sucedía en el pasado, cuando se reunían ‘expertos’ que no tenían conocimiento de la realidad del país o de un determinado sector. Con esta ley, las personas con discapacidad tendrán garantizados sus derechos a la salud, educación, al trabajo y otros para integrarse plenamente a la sociedad con el pleno uso de sus derechos constitucionales. Las dirigencias de las organizaciones de personas con discapacidad han reconocido que esta ley marca un importante hito en su lucha para integrarse a plenitud a la sociedad bajo la protección del Estado, como debe ser. El presidente Evo Morales ha calificado la elaboración y promulgación de la ley como un hecho histórico construido en forma conjunta para reconocer y garantizar los derechos de uno de los sectores que han sido abandonados en el pasado. Destacó que si bien se han dado pasos importantes, lamentablemente el Estado hubiese querido contar con más recursos económicos para atender todos los requerimientos, pero sí ha sentado las bases para destinar sus esfuerzos en procura del logro de los objetivos. La ley consta de 49 artículos, una disposición transitoria, una abrogatoria y una derogatoria, e incorpora una renta solidaria para el sector. Entre sus objetivos está garantizar a las personas con capacidades especiales el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades y un trato preferente bajo un sistema de protección integral. El instrumento jurídico establece la promoción y el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para las personas con capacidades diferenciadas, además de promover el respeto de su dignidad y su efectiva inclusión social.